Estos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir los crímenes de lesa humanidad, señaló la ONG.
Según AI, los abusos de Carabineros no se limitan al estallido social, sino que forman parte de "un patrón constante e histórico"
Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Ministerio Público que investigue a los altos mandos de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, que comenzó el 18 de octubre del 2019.
"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
A cinco días del primer aniversario del llamado estallido social, Guevara aseguró que "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".
El informe final de la investigación de Amnistía sobre la crisis social chilena, que abordó eventos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 y se centró en 12 casos -los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai entre ellos-, concluyó que Carabineros "cometió graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas".
En ese sentido, la ONG, con sede en Reino Unido, señala al general director de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez.
Guevara precisa que "si bien Amnistía no analiza con la misma exhaustividad la posible responsabilidad de miembros del Poder Ejecutivo, sí consideramos que la Fiscalía debe deslindar todas las responsabilidades".
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— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) October 14, 2020
"Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa". -@ErikaGuevaraR
Nuevo informe ⬇️https://t.co/Mh00wlKlQN
Según AI, a pesar de existir un informe interno que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.
El nuevo informe de AI denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".
"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.
La última polémica protagonizada por Carabineros ocurrió el pasado de 2 de octubre, cuando un funcionario empujó a un adolescente al lecho del Río Mapocho desde una altura de, al menos, siete metros, provocándole heridas de gravedad.
Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad estuvieron suspendidas durante la pandemia, pero en las últimas semanas la gente ha vuelto a salir a las calles y se espera una reactivación de la crisis con el aniversario del estallido y el histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, que se celebrará el 25 de octubre y que es la principal apuesta política para descomprimir la crisis.
Según AI, los abusos de Carabineros no se limitan al estallido social, sino que forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".
El Presidente Sebastián Piñera, convocó la semana pasada una comisión especial integrada por expertos independientes, que, en un plazo de 90 días, deberán presentar una propuesta de reforma estructural del denostado cuerpo policial.
Reaccionó temprano el ministro del Interior, Víctor Pérez, y apuntó que "será, ya sea, el Contralor General de la República o la justicia la que determinará. Nosotros creemos que el actual alto mando de Carabineros ha tenido que enfrentar una situación inusitada de violencia que, al igual que todas las instituciones de la República, no estábamos preparados para enfrentar. Por lo tanto, se ha hecho una labor muy encomiable sobre ese tema".
"No he leído el informe de Amnistía Chile, pero sin duda, de la sola lectura de las palabras que usted me menciona -cuestionó-, creo que hay un sesgo importante y hay una serie de afirmaciones que, creo, no tienen ningún fundamento".
A juicio del diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida, "el informe no aporta nada a lo que se está haciendo y tampoco lo hace a la reestructuración de Carabineros, que partió hace mucho tiempo. Quizás no se ha hecho con la velocidad ni la urgencia que requiere, pero de que se está haciendo, se está haciendo".
Desde la oposición, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, valoró el reporte de AI e hizo un emplazamiento a La Moneda: "Cuántos informes internacionales, vidas y mutilaciones hacen falta para que este Gobierno logre dimensionar el dolor y el sufrimiento que ha causado su política represiva".
"Hasta cuándo seguimos defendiendo el actuar de una policía que está fuera de control y respaldando la gestión de Rozas", fustigó la timonel de RD.
