El diputado Leonardo Soto (PS) acusó que Carabineros pagó una doble asignación al actual general director Ricardo Yáñez en su periodo como agregado policial en Argentina en 2015, que se tradujo en el gasto de 1,6 millones de pesos mensuales.
Estos eran destinados al pago de un arriendo para Yáñez en Buenos Aires mientras llenó ese rol, según constató Interferencia, que accedió al contrato solicitado por el parlamentario a la institución en que se confirman los montos.
El documento, firmado en febrero del 2015 por el oficial y una propietaria bonaerense, establece que el inmueble sería ocupado entre enero y diciembre de ese mismo año a un monto de 22 mil pesos argentinos al mes y que no venía amoblado, por lo que se estima que la institución incurrió en gastos adicionales para este fin.
Dicho alquiler, además, fue financiado con una asignación especial para arriendos, y que la Contraloría General de la República cataloga como pagos improcedentes, por cuanto existía otra asignación por costo de vida que ya consideraba el costo del domicilio del agregado.
Si bien el director de Carabineros reconoció haber recibido esta asignación irregular, dijo que aún no la devuelve porque no ha sido notificado para hacerlo por el ente contralor.
Por lo anterior, el socialista ofició a la Contraloría a fines de noviembre para que fiscalice el periodo de Yáñez como agregado en el país trasandino, y que instruya una restitución de los montos desembolsados.
El diputado también solicitó antecedentes a la institución policialsobre pagos millonarios a otros agregados policiales en el exterior, entre ellos, el recién renunciado Mario Rozas, y quien lo precedió en el cargo, Bruno Villalobos.
