La Fiscalía apunta a individuos que difundieron los datos publicados por Anonymous Chile.
Uno de los imputados afirmó que actuó para "ayudar a la ciudadanía a establecer demandas por abuso de poder".
El Ministerio Público formalizará a tres personas por la filtración de datos sensibles de Carabineros que tuvo lugar en noviembre pasado y que dejó al descubierto nombres de funcionarios y sus unidades.
Según el fiscal Felipe Sepúlveda, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, E.E.P.I, G.F.R.L. y B.A.F.V. estuvieron involucrados en la difusión de los más de 10 archivos que se dieron a conocer a través de la cuenta Anonymous Chile en Twitter.
"Lo que se ha podido determinar hasta este momento, y revisando bastante evidencia, tanto informática como de teléfonos móviles, es que E.E.P.I, a través de un sitio web de su propiedad, publicó y difundió información que había sido sustraída de la base de datos de Carabineros, y que había sido difundida, en primer lugar, por otras personas a través de Twitter y posteriormente lo publicó en una página web (verdeclaveverde.com)", dijo el fiscal a El Mercurio.
"Las otras dos personas por las cuales se está haciendo la solicitud de formalización ayudaron a E.E.P.I. a que pudiera, efectivamente, poner este banner en su sitio web con esta información", agregó el persecutor.
El rotativo destaca que, en su declaración, E.E.P.I. aseguró que dio a conocer los datos para "ayudar a la ciudadanía a establecer demandas por abuso de poder" contra los funcionarios involucrados en actos represivos y de violación a los derechos humanos.
"La justificación no parece razonable, puesto que si se pretendía ayudar de alguna manera a las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, no tiene ninguna relación, no tiene ningún correlato con filtrar una gran cantidad de información de los Carabineros, dentro de las cuales se encuentran precisamente los datos personales", sostuvo el fiscal Sepúlveda.
Los tres individuos serán formalizados el 20 de marzo en el Octavo Juzgado de Garantía de la capital y arriesgan una pena de 541 días a tres años de prisión, dependiente de las atenuantes o agravantes que se puedan presentar.
