Aparte de la defraudación principal, Ministerio Público indaga a falsos jubilados e irregularidades en los desahucios.
El Ministerio Público dio detalles de esta segunda organización delictiva al interior de la institución policial.
A la millonaria malversación de fondos que fue el punto de partida de la indagatoria y que era liderada por el general (r) Flavio Echeverría, la Fiscalía sumó una segunda organización que operó al interior de Carabineros.
Los nuevos antecedentes apuntan a la existencia de falsos jubilados y a irregularidades en los desahucios que se entregaban a los funcionarios que pasaban a retiro y que involucran montos que bordean los 4.000 mil millones de pesos.
La nueva estructura descubierta tenía sus propias reglas y métodos distintos para ejecutar las operaciones que eran encabezadas por el ex funcionario e imputado José Inapaimilla, quien reclutaba a civiles para que simularan ser funcionarios que dejaban la institución.
"A partir del proceso investigativo, (la Fiscalía) ha podido definir dos estructuras organizativas distintas dentro de la cantidad de formalizados en la causa, y esas dos estructuras tienen niveles de liderazgo, de organización y de distribución de funciones también distintas", dijo el fiscal Miguel Ángel Orellana.
"Nos ha permitido escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y entre los que estaban los imputados que hoy día (jueves) se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz y Julia Bettiz, que a su vez las oficiaban de reclutadores de nuevos civiles que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros", añadió el persecutor.
En cuanto a la posible reformalización de los principales imputados por el megafraude, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo que está en evaluación.
"Las circunstancias procesales de muchos imputados no han disminuido, sino que se han agravado y esas agravaciones no tan solo dicen relación con su participación sino que con el aumento, de que en su momento se indicó, en los montos malversados", manifestó el fiscal.
El próximo 10 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago resolverá si la Fiscalía puede congelar los desahucios de 20 imputados con montos superiores a los 1.000 millones de pesos, con lo que se busca evitar que utilicen esos dineros.
