El ministro del Interior, Víctor Pérez, cuestionó las acusaciones del ente contralor contra el Alto Mando de la institución.
Aseguró que el actuar de los uniformados, en el contexto de la crisis social, "están dentro del marco de la ley".
El ministro Pérez y, a su lado, el general director de Carabineros, Mario Rozas.
El Gobierno insistió este martes en su defensa al Alto Mando de Carabineros y cuestionó que la Contraloría General de la República haya formulado cargos contra siete generales por sus presuntas responsabilidades administrativas en el actuar de la policía en las manifestaciones realizadas en el país entre el 18 de octubre y diciembre del 2019.
La Contraloría indaga la actuación de los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández (director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales) y Mauricio Rodríguez Rodríguez (jefe de la Zona Metropolitana); y los generales Enrique Bassaletti Riess (jefe de la Zona Santiago Este), Enrique Monrás Alvarez (jefe de la Zona Santiago Oeste), Hugo Zenteno Vásquez (jefe de la Zona Valparaíso), Jean Camus Dávila (director de Logística) y Jorge Ávila Corvalán (jefe de la Zona de Control Orden Público e Intervención).
El ente contralor indica que estos generales no habrían garantizado el cumplimiento de los "protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa fecha" en el marco de las protestas; ante ello, desde el Gobierno el ministro del Interior, Víctor Pérez, ya dio su respaldo a la institución uniformada asegurando que "ha usado todos los mecanismos que establece la ley".
En una rueda de prensa junto al general director de la policía militarizada, Mario Rozas, con motivo del balance semanal policial en el marco de la pandemia del coronavirus, el ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó este martes que "el Gobierno ha sido extraordinariamente claro en esta situación: hemos respaldado el Alto Mando de Carabineros".
"El actual mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia y, por lo tanto, creemos que esas acciones que ellos desarrollaron están dentro del marco de la ley", agregó el secretario de Estado.
En ese sentido, el jefe de gabinete aseveró que "estamos seguros que los cargos van a ser desvirtuados", y sostuvo que los cuestionamientos del ente contralor "debilitan la acción de Carabineros en momentos tan sensibles como estamos viviendo".
En el balance, Rozas esbozó una crítica a Contraloría: "Me remito a lo que un medio de comunicación habla, que hay muchos estrategas de fútbol y parece que en el último tiempo hay muchos estrategas policiales, y eso atenta contra la acción que estamos desarrollando".
En la etapa actual del proceso las defensas de al menos dos de los generales acusados, Enrique Bassaletti y Mauricio Rodríguez, ya formularon sus descargos ante la Contraloría, en los que sostuvieron que esta investigación no es competencia del ente contralor.
Desde la oposición, el senador socialista y ex ministro del Interior (2000-2005), José Miguel Insulza, criticó la reacción de La Moneda, calificándola como "innecesaria".
"Contraloría tiene atribuciones para hacer esto. Es un sumario administrativo, no judicial ni policial, frente a si los agentes cumplieron con sus obligaciones administrativas", dijo el parlamentario.
"Naturalemente -me han asegurado- si alguna otra cosa surgiera, de carácter penal, será transmitido de inmediato al Ministerio Público. Por lo tanto, no existe ninguna superposición de funciones. Al contrario, la Contraloría se está metiendo en lo que corresponde", añadió Insulza.
Desde el órgano contralor defienden su facultad para perseguir responsabilidades administrativas de Carabineros e, incluso, se basaron en las propias normas de la institución para formular los cargos: la Circular Nº 1832, firmada por Rozas y despachada el 1 de marzo de 2019.
Este documento, al que accedió La Tercera, contiene contiene instrucciones para el uso de la fuerza; y en su subtítulo "Principios para el uso de la fuerza" se señala: "El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos".
En respuesta a esta publicación del matutino, Carabineros sostuvo que, a juicio de la institución, "el principio de responsabilidad de los mandos mencionados en la Circular N° 1.832, de fecha 01.03.2019, se refiere a los mandos directos y operativos, es decir, a quienes participan efectivamente en la planificación y ejecución de los servicios preventivos y de control. Todos los oficiales de Carabineros ejercen mandos, cada cual con sus respectivas atribuciones y responsabilidades según su grado, y no sólo los miembros del Alto Mando, a quienes se les asigna la gestión estratégica de la institución".
