Este viernes se conoció que la Contraloría General de la República formuló cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por sus presuntas responsabilidades administrativas en el actuar de la policía en las manifestaciones realizadas en el país entre el 18 de octubre y diciembre del 2019.
La Contraloría indaga la actuación de los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández (director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales) y Mauricio Rodríguez Rodríguez (jefe de la Zona Metropolitana); y los generales Enrique Bassaletti Riess (jefe de la Zona Santiago Este), Enrique Monrás Alvarez (jefe de la Zona Santiago Oeste), Hugo Zenteno Vásquez (jefe de la Zona Valparaíso), Jean Camus Dávila (director de Logística) y Jorge Ávila Corvalán (jefe de la Zona de Control Orden Público e Intervención).
El ente contralor indica que estos generales no habrían garantizado el cumplimiento de los "protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa fecha" en el marco de las protestas.
Ante este sumario, el ministro del Interior, Víctor Pérez, adelantó que "el Gobierno va a mirar con atención este proceso", y señaló que "nos llama la atención que nazcan de algunas denuncias de anónimos o de personas que han estado permanentemente cuestionando el accionar de Carabineros, y estamos absolutamente seguros de que Carabineros ha usado en este caso todos los mecanismos que establece la ley".
"Si alguien quiere usar todos estos procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República para debilitar a Carabineros, se equivoca. Los carabineros que pueden ser cuestionados son los que protegen a las personas, son los que le dan tranquilidad en los barrios a todos los chilenos, y en ese sentido, el respaldo a Carabineros de parte del Gobierno es total", ratificó el jefe de Gabinete.
Desde Carabineros, su general director, Mario Rozas, se reunió esta mañana con la totalidad del Alto Mando para analizar la situación y entregar el apoyo a los cuestionados.
Más tarde, la institución emitió un comunicado público, en el que apunta que "como siempre se ha actuado ante el ente contralor, se aportará la información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza".
"Sin embargo -continúa el escrito-, es oportuno recordar que el contexto del período en cuestión fue de extrema violencia, con 8.957 eventos de graves alteraciones del orden público. Ello significó una alta exigencia y, por consecuencia, una demanda sin precedentes sobre los medios humanos y logísticos con que contaba Carabineros de Chile, como fue públicamente conocido".
Oposición refuta "defensa corporativa" de la policía
"Lo que me parece muy negativo y muy polémico es el respaldo político que les da el ministro del Interior a priori", cuestionó Juan Ignacio Latorre (RD), quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
"¿Qué pasa si esto va avanzando, si es un insumo importante para efectos de la justicia el día de mañana? Creo que acá no puede haber este tipo de defensas políticas, es una especie de defensa corporativa", puntualizó.
En esa misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto aseguró que "no corresponde que el ministro del Interior haga un respaldo incondicional a las policías cuando están siendo investigadas por abuso policial o por graves violaciones a los Derechos Humanos".
Para el parlamentario, la defensa del jefe de Gabinete "sin duda lo transforma, no tan solo en alguien que interviene o interfiere en una investigación legal, sino que a la vez en un cómplice o instigador de futuras violaciones a los Derechos Humanos".
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, reivindicó el sumario de la Contraloría, destacando que "hemos señalado que las graves y generalizadas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en esa época responden a un patrón de conducta, y que por lo mismo, es fundamental que se investiguen las responsabilidades en toda la línea de mando, hasta el más alto nivel, esto tanto en lo administrativo como en lo penal".
"Esperamos que esta investigación de Contraloría permita esclarecer esas responsabilidades administrativas, y que Carabineros de Chile aborde esto como una oportunidad de mejora, y no desde una suerte de defensa corporativa", remató.
UDI acusa a la Contraloría de exceder sus atribuciones
Sin embargo, según la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, "Contraloría excede sus atribuciones al plantear cargos contra 7 generales de Carabineros por su rol en control del orden público durante estallido de violencia".
"A la Contraloría le corresponde pronunciarse sobre actos administrativos y no en asuntos relativos al ejercicio del mando", criticó la senadora en su Twitter.
En las etapas siguientes los generales de Carabineros tendrán que presentar sus descargos frente al sumario de Contraloría, y después de eso, eventualmente, el organismo propondrá sanciones contra ello que podrían llegar hasta la baja de la institución.
