"Lo razonable es establecer estandarizaciones más precisas", dijo el ministro de Justicia, al defender las indicaciones anunciadas para ser debatidas el martes en la Sala del Senado.
Planteó que el Gobierno prefiere que el asunto quede regulado en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal como establece el proyecto.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, advirtió que la "Ley Naín-Retamal", que otorga a los efectivos de las policías mayores atribuciones para el uso de sus armas de servicio, tiene defectos técnicos que generan "condiciones de riesgo" para los agentes y los ciudadanos.
"Es conveniente tener reglas precisas para evitar riesgos futuros. La manera en cómo están redactadas esas normas de legítima defensa privilegiada genera condiciones de riesgos y de apreciación subjetiva", dijo el secretario de Estado, al defender la postura de La Moneda y las indicaciones anunciadas para ser debatidas el martes en la Sala del Senado, frente a la iniciativa que contó con votos en contra de parlamentarios de Apruebo Dignidad durante su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Cordero señaló que el Gobierno prefiere que el asunto quede regulado en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal como establece el proyecto. De hecho, el ministro observó que en tal cuerpo legal ya existen normas en torno a esta materia y tribunales muchas veces no las aplican.
"En nuestra opinión, hay que establecer ocupar las reglas del uso de la fuerza que se encuentran en ese Código (Militar), más un par de referencias específicas sobre la racionalidad de la misma", indicó.
"La propuesta aprobada por la Cámara es casuista y el problema que tiene el casuismo es que, más que aperturar, cierra. Tiene una condición subjetiva de apreciación discrecional por parte de quien está utilizando el arma y para eso lo razonable es establecer estandarizaciones más precisas", cerró.
Este viernes vence el plazo para la presentación de las indicaciones para la Ley Naín-Retamal, fusión de dos iniciativas anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que la oposición logró unir el pasado lunes tras el crimen de la carabinera Rita Olivares (ascendida póstumamente a suboficial mayor), en un procedimiento rutinario que desembocó en un tiroteo en Quilpué.
