El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó este jueves las mejoras que el Gobierno se comprometió a introducir a la "Ley Naín-Retamal", proyecto que tuvo su origen en la muerte de dos agentes de Carabineros y que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios policiales y otorga a los efectivos de este cuerpo mayores atribuciones para el uso de sus armas de servicio.
Este texto, aprobado ayer por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, supone la fusión de dos iniciativas anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que la oposición logró fusionar el pasado lunes coincidiendo tras el crimen de la sargento Rita Olivares en un procedimiento rutinario que desembocó en un tiroteo en Quilpué.
El punto más polémico es el artículo 7, que alude a la llamada "legítima defensa privilegiada" para los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones; un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y "que presume" que los policías podrán hacer uso de sus armas de fuego acorde a las disposiciones legales.
Pese a que fue despachado al Senado con amplia mayoría de votos -106 a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, estas dos últimas de Apruebo Dignidad-, este último artículo aún divide al oficialismo y el Ejecutivo se comprometió a introducir indicaciones durante su segundo trámite constitucional.
Monsalve afirmó hoy que "lo que hay que garantizar, primero, es que haya proceso judicial. Cuando hay alguien que hace uso de un arma de fuego y hay una víctima, siempre va a existir la posibilidad de recurrir a la justicia para definir las responsabilidades. En este caso, la ley no altera ese derecho. Cualquiera que se considere víctima puede recurrir a la justicia para resolver si finalmente hay una responsabilidad en el uso del arma de fuego. Sí el Gobierno considera que es posible mejorar el proyecto de ley en el Senado".
Ese cambio, señaló el subsecretario, tiene que ver "con cuáles condiciones el uso del arma de fuego por parte de un funcionario de la policía se presume que fue usada de manera correcta".
La autoridad detalló que el proyecto aprobado "lo que propone es que en algunas circunstancias, como los ataques de armas blancas, de fuego u objetos que evidentemente pueden poner en riesgo la vida del funcionario de la policía o cuando el ataque se produce en grupo y ese grupo eventualmente se puede considerar que coloca en riesgo la vida del funcionario policial, se puede hacer uso del arma de fuego, y se presume, por lo tanto, que el arma de fuego fue utilizada correctamente, por lo tanto, fue la persona que fue afectada con el arma la que tiene que demostrar que tiene la carga de prueba para demostrar que el uso fue ilegítimo".
"A nosotros nos parece -y aquí va a la opinión del Gobierno- que lo más importante es garantizar que en el proceso judicial Carabineros no parta imputado, que es lo que ocurre el día de hoy. El Gobierno lo que quiere hacer es que ese punto sea resuelto a través de una indicación. Esperamos, por lo tanto, mejorar la ley en el trámite en el Senado", cerró Monsalve.
La Comisión de Constitución del Senado revisará el texto este jueves por la mañana, y está a la espera de las indicaciones de La Moneda; y podría ser visto durante la tarde en Sala.
De prosperar la iniciativa con las enmiendas que proponga el Gobierno, pasará a un tercer trámite nuevamente en la Cámara Baja; pero si es aprobada sin esas modificaciones en la Cámara Alta, quedaría despachada a ley hoy mismo.