Se determino que la entidad se extralimitó en sus facultades fiscalizadoras sobre el rol de la institución durante el estallido social.
Contraloría apelará a la decisión ante la Corte de Santiago.
El 22 Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por siete generales de Carabineros que fueron sumariados por Contraloría por el rol de la institución en el estallido social.
Según publicó La Tercera, la resolución consigna que el hecho de que las acciones policiales estén reguladas por decretos administrativos "no transforma la función y labor de control de orden público en una actividad controlable por la Contraloría", por lo que la entidad se extralimitó en sus facultades fiscalizadoras.
En el mismo texto se indica que "dichas regulaciones son de carácter interno del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile y están enmarcadas dentro de las potestades jerárquicas de Carabineros, no excluyéndose de su naturales de actividad de mérito y conveniencia que le es inherente".
Los generales involucrados fueron Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística, y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Desde Contraloría confirmaron que apelarán ante la Corte de Santiago, por lo que aún no deberán pagar las costas del proceso.
"Tras recibir denuncias de ciudadanos y parlamentarios por el actuar policial durante el estallido social en 2019, la Contraloría, en el ejercicio de sus funciones y de las atribuciones, abrió un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas del Alto Mando de Carabineros", recordaron.
La institución precisó que "dicho sumario acreditó que no se adoptaron las medidas administrativas oportunas para hacer cumplir el reglamento del uso de la fuerza, lo que tuvo como consecuencia cientos de personas con daño físico, cuestión que ha sido acreditada por Tribunales de Justicia y organismos internacionales de DD.HH. La Contraloría acudirá a todas las instancias judiciales que correspondan para hacer valer sus facultades disciplinarias en esta materia".
