En una audiencia de formalización de más de 13 horas, jueza de Talagante dejó en libertad condicional a cinco ex funcionarios y un psiquiatra.
Fiscalía apelará la decisión.
El Tribunal de Talagante rechazó la prisión preventiva de cinco ex funcionarios de Carabineros y un médico psiquiatra y quedaron con libertad condicional tras ser imputados por un presunto tráfico de armas en una unidad dependiente de la 23° Comisaría de la comuna.
Por más de 13 horas se prolongó la audiencia de formalización contra 31 personas involucradas, según el Ministerio Público, en toda una operación de adquisición de armas, inscripciones irregulares e introducción de 118 pistolas, revólveres y escopetas en el mercado informal entre 2013 y 2015.
De acuerdo con la indagatoria desarrollada por el Ministerio Público, cada arma era vendida en dos millones de pesos y la banda era liderada por los propios carabineros investigados.
De los 31 detenidos, la Fiscalía acusa a 26 de tener participación menor en la operación, mientras que otros seis -un carabinero dado de baja, cuatro carabineros en retiro (pero con contrato vigente con la institución uniformada) y un psiquiatra- tendrían una participación "grave e intensa".
Por este motivo, los ex uniformados y el médico fueron formalizadas por tráfico de armas y asociación ilícita y se solicitó la prisión preventiva, sin embargo, la jueza declinó ordenar esta medida argumentando que no hay presupuestos materiales para ninguno de los delitos de infracción a ley de armas ni asociacion ilicita.
La jueza Gabriela Contreras explicó que "no hay presupuestos materiales para construir una hipótesis de asociación ilícita, las personas que inscribieron armas a su nombre lo hicieron de buena fe".
AHORA: Tras casi 12 horas, termina formalización por investigación de tráfico de armas contra 31 personas.Tribunal de Talagante rechaza la prisión preventiva que fue solicitada para 6 imputados (incluídos ex funcionarios de carabineros y el psiquiatra) @Cooperativa #CooperarivaAM pic.twitter.com/rSTTD07RNT
— Pablo Álvarez (@pabloalvarezap) October 31, 2018
De los otros 26 involucrados, tres quedaron con arresto domiciliario total, mientras que el resto quedó con arraigo nacional.
El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.
Fiscalía apelará decisión del tribunal
A la salida de la audiencia, el fiscal Heriberto Reyes calificó de "revés procesal" la decisión del tribunal y declaró que "el paso siguiente ante la negativa de prisión preventiva del tribunal será recurrir ante la Corte de Apelaciones".
"No compartimos el criterio de la magistrado que ha resuelto esto, de manera que vamos a tener que ocupar los recursos que la ley nos arbitra para tratar de revertir esta situación", remarcó el persecutor.
Fiscalía detalló cómo operaba la presunta red
Según lo explicado por el fiscal Reyes en la audiencia, los uniformados presuntamente convencían, a través de videos, a personas sin antecedentes policiales para inscribir armas a su nombre previo pago -en la mayoría de los casos- de 80 mil pesos.
El líder de los reclutadores respondía las pruebas para dar el visto bueno al uso de las armas, mientras que las personas captadas eran llevados a un psiquiatra en el centro de Santiago -también imputado- que hacía pasar las pruebas físicas y psíquicas.
Otro integrante era quien recogía las armas, las que nunca pasaban por las manos de los dueños nominales, a quienes se les decía que eran para un club de tiro y que debían, días después, asegurar que habían sido robadas (para justificar la pérdida).
Las defensas han esgrimido que la mayoría de los reclutados para inscribir las armas a su nombre tienen estudios educacionales incompletos y que fueron engañados.
