El Consejo de Defensa del Estado ingresó su acusación particular contra el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Anita Pinochet, por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el marco de la investigación del Ministerio Público sobre el mal uso de más de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados de la institución castrense.
En el texto, interpuesto en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el CDE pide penas de 15 años de cárcel para Fuente-Alba y 10 años para Pinochet, según publica hoy La Tercera.
También solicita el comiso de todos los bienes adquiridos durante el período que abarca la investigación para que luego estos sean rematados, a fin de restituir al Fisco parte del dinero defraudado, además de una multa de 1.000 UTM (alrededor de 52 millones de pesos) para cada imputado.
Estas últimas penas accesorias son una de las diferencias entre las acusaciones del CDE, como parte querellante, y la que presentó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que aparte de las mismas penas de presidio, pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.
En el texto elaborado por la consejera María Inés Horvitz y su equipo, el CDE expuso que "el imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la gestión de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, dineros que recibía en efectivo desde la Dirección de Finanzas del Ejército, los aplicó ilícitamente a usos personales o ajenos en lugar de los destinos públicos a los cuales estaban asignados, y ejecutó, junto a su cónyuge, diversas maniobras de colocación, ensombrecimiento e integración en el mercado formal de los mismos".
"Ellas fueron realizadas por el matrimonio Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significación, esto es, con el propósito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud", acusó.
En ese sentido, sostuvo que "todas las maniobras descritas a nivel internacional para 'limpiar' el dinero ilícitamente obtenido se verifican en este caso" investigado por el fiscal José Morales.
"En efecto, conforme a la clasificación más reconocida de las etapas del blanqueo de dineros obtenidos ilícitamente, a saber, la elaborada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Las fases principales se denominan comúnmente de colocación (placement), ensombrecimiento (layering) e integración (integration) y pueden realizarse separada o simultáneamente", puntualizó el Consejo estatal.
En detalle, "entre los mecanismos empleados para lograr la naturalización del dinero sucio están las transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo; o a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el último vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de vehículos".
Por ello, a juicio del CDE se logró acreditar durante los siete años de la investigación que "Fuente-Alba y Anita Pinochet, con pleno conocimiento de que los dineros señalados anteriormente, provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre los años 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los años 2010 al 2016, con el objetivo de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito base".
"Asimismo, poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describirán, provenientes directa e indirectamente del delito base, con ánimo de lucro (...). Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los años 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros, y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas", imputó.
