La ministra en visita que investiga el megafraude en el Ejército, Romy Rutherford, acusó a los excomandantes en jefe Juan Emilio Cheyre (2006-2010), Óscar Izurieta (2010-2014), Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018) y Humberto Oviedo (2018-2021) de concertarse para delinear un sistema para sustraer gastos reservados una vez que pasaran a retiro.
La hipótesis fue desarrollada por la jueza en el informe con que respondió el recurso de amparo presentado por la defensa de Cheyre, procesado -al igual que sus tres sucesores en la Comandancia del Ejército- por presunta malversación de caudales públicos, según consigna La Tercera.
"Al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido", afirmó la magistrada.
En el recurso enviado a la Corte Marcial, la defensa de Cheyre calificó como "ilegal y arbitrario" el procesamiento llevado a cabo por Rutherford y -tal como lo hicieron antes también su sucesores- presentó un documento que justificaría la entrega de recursos a los exjefes militares con base en su derecho a acceder a seguridad una vez que pasaran a retiro, citando un decreto de 1998.
Al respecto, Rutherford replicó que "las medidas de protección y seguridad que pudieren entregarse a los excomandante en jefe no solo en ningún caso podían corresponder a sumas de dinero en efectivo, sino que mucho menos podían ser cantidades fijas mensuales, ni provenir de gastos reservados y, además, tales medidas solo serían procedentes en caso de ser requeridas por aquellos".
Además, la ministra en visita apuntó que Cheyre "ha reconocido no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos, por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura".
"Adicionalmente, debe anotarse que también el procesado admitió que -dada la irregularidad en la percepción de tales recursos- debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20.000.000 por haberse establecido, respecto de estos mismos dineros, que se trataba de ingresos no declarados", agregó.
"DERECHO A CHOFER Y A MAYORDOMO"
Finalmente, según La Tercera, Rutherford deslizó una crítica al sistema de vida que llevan los exjefes militares: "En cuando a la fotocopia de la orden ministerial que acompaña la defensa (el decreto de 1998), tal antecedente señala en la forma clara que los excomandante en jefe tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados, como pretende justificar quien presenta tal antecedente".
