Hace una semana, el miércoles 17 de mayo, el Consejo de Monumentos Nacionales resolvió declarar a siete inmuebles públicos como nuevos sitios de memoria, ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
La decisión incomodó al Ejército, pues uno de aquellos sitios es el Regimiento N°23 de Copiapó, que se encuentra plenamente operativo y que acoge al Batallón de Infantería N°1 "Atacama", a una compañía de morteros, tres compañías de fusileros y la dotación de Plana Mayor y Logística, con entre 300 y 500 militares apostados en sus dependencias.
Según informó La Tercera PM, el comandante en jefe, Javier Iturriaga, le hizo saber por escrito y verbalmente sus reparos a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Le indicó que, bajo su nueva condición, el recinto quedaría "expuesto en términos de seguridad e inteligencia", no podría amparar ejercicios con explosivos ni remodelaciones, viendo limitado de modo drástico su funcionamiento.
La decisión del Consejo se basó en que el Regimiento fue "utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución; el principal de la ciudad", hoy capital de la Región de Atacama. Además, "según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso Caravana de la muerte", informó públicamente el organismo.
SENADO SOLICITARÁ ANTECEDENTES
Frente a la controversia, la Comisión de Defensa del Senado resolvió citar para el próximo miércoles 31 de mayo, a las 15:00 horas, a la ministra Fernández y a su par de Cultura, Jaime de Aguirre.
"No se puede negar la historia y en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos, se torturó y se mató a gente al interior de recintos militares. Ese punto no puede ser cuestionado por alguna autoridad. (...) Lo que ocurre en el Regimiento de Copiapó es que aún está en funciones y, debido a la tarea que deben cumplir los militares, se hace complejo que pueda ser de libre acceso al público el regimiento en su conjunto", dijo a La Tercera el senador independiente Pedro Araya, miembro de la Comisión.
Ronald von der Weth, asesor legislativo de RN en las comisiones de Seguridad y Defensa del Senado, señaló al mismo vespertino que se trata de "un tema muy delicado, (que) puede considerarse como una tuición indebida sobre una infraestructura crítica. (...) Es una decisión, a mi juicio, ilegal y arbitraria, que debe ser impugnada por el Ejército y el Ministerio de Defensa".
"BIEN JODIDO"
Exministros de Defensa también se pronunciaron sobre el asunto: "Lo que se podría hacer es disponer en la entrada un espacio de memoria, pero de ahí a calificarlo como monumento nacional, se pierde el carácter de unidad militar del regimiento y eso es bien jodido. Defensa tiene que buscar una alternativa distinta, pero está en un escenario complejo", analizó Jorge Burgos.
Para Mario Desbordes, "la prioridad del Gobierno y de la ministra (Fernández) debe ser que cualquier regimiento no pierda el uso normal que tiene y que no se desnaturalice su condición de unidad militar. Si se declara sitio de memoria, significa que queda abierto como una plaza pública y eso no puede ser. Se debe resguardar la seguridad del recinto y todo lo que conlleva".
"Me llamó la atención por qué eliges ese lugar entre una cantidad enorme", dijo Francisco Vidal a La Segunda.
"Prácticamente no hay lugares en Chile donde no haya ejecutados y torturados; elIinforme Rettig habla de 3.200 ejecutados, muchos están desaparecidos y el Informe Valech habla de 38 mil torturados, entonces es un temazo el cómo mantienes la memoria —y en buena hora que proliferen los memoriales— y cómo a las instituciones involucradas las dejas en esa parte de la historia, pero no las marcas para siempre", añadió el exvocero.
