La institución ordenó la salida de un coronel y 6 suboficiales.
Incluso hay "una vulgar reprensión", criticó abogado acusador.
Otros siete oficiales fueron amonestados tras el sumario.
El sumario interno del Ejército cifró en más de 5.480 millones de pesos el fraude que realizaron funcionarios de la institución castrense con dineros de la Ley Reservada del Cobre, pero las sanciones fueron criticadas por la parte querellante, porque apuntan a personas de menor jerarquía.
El Ejército ordenó el retiro del coronel Clovis Montero, ex tesorero del Estado Mayor del Ejército; y el "licenciamiento del servicio" del cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la sargento primero Luis Meléndez Carrillo y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez.
Otros 7 oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados debido a que se retiraron antes del fin del sumario.
Querellante: Sancionan a suboficiales, los de menor jerarquía
El abogado querellante Cristián Cruz lamentó los resultados del sumario, porque -enfatizó- fueron "sancionados los suboficiales, los de menor jerarquía, se absuelve a varios coroneles a pesar de su responsabilidad y a otra media docena de altos oficiales del Ejército se les dan penas absolutamente menores, incluida una vulgar reprensión".
"Esto es muy grave lo que aquí ha acaecido y el Ejército ha decidido cortar por lo más delgado del hilo y por lo tanto dar una muestra, dar una señal a toda la institución, que no deben dar antecedentes que incriminen a los altos mandos en estos ilícitos constantes en el Ejército de Chile", añadió.
Por su parte el diputado y presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara por las irregularidades en el Ejército, Jaime Pilowsky (DC), señaló que los "altos oficiales que pusieron a cargo y que tienen como función fundamental no solamente administrar estos recursos sino, que también supervisar el adecuado ejercicio de la función que se realiza en su repartición".
"También se puede ser responsable por omisión y yo creo que los altos mandos de estas tres reparticiones hicieron mal su trabajo, sin la diligencia ni el cuidado que se debe establecer en el sector público y creo que también merecen un reproche y nosotros vamos a analizar precisamente en nuestra Comisión Investigadora", agregó Pilowsky.
Cabe recordar que en el ámbito judicial, el ministro en visita Omar Astudillo procesó a Montero y a una serie de militares dados de baja, mientras que la fiscal Ximena Chong formalizó a un grupo de proveedores involucrados.
