La Corte Suprema rechazó este lunes la última solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para mantener a Romy Rutherford como la ministra en visita a cargo de la investigación del fraude en el Ejército, ratificando que concluirá sus labores el 4 de septiembre.
A pesar de que el máximo tribunal remarcó en su fallo anterior que la segunda prórroga otorgada a la jueza sería la última, el CDE ingresó un escrito el 22 de agosto apuntando que hay diligencias pendientes y próximas a ser resueltas, de manera que -a su juicio- su continuidad permitiría facilitar el trabajo de quien la suceda, consignó La Tercera.
De acuerdo a tal órgano, la causa "consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos".
"Sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción", agrega el CDE, acotando que "a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega".
Para tal entidad, dichos informes "resultan absolutamente necesarios para el progreso de la indagación y la adopción de las decisiones de fondo que corresponda".
No obstante, esta argumentación no convenció a la totalidad de la Suprema, que en votación dividida rechazó la petición por 11 votos contra siete.
Una vez que Rutherford deje el cargo, se prevé que la causa quede en manos de Jenny Book, que ya integra la Corte Marcial, o de Ana María Osorio, quien fue electa para integrarse a esa instancia en julio, justamente en reemplazo de la mencionada jueza.
La magistrada asumió la investigación del fraude y sus más de 40 aristas el 3 de marzo de 2017, y desde entonces ha encausado a 68 uniformados, incluyendo a los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), este último revocado por la Corte Marcial.
