El Juzgado de Garantía de Arica rechazó inhibirse de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de instrucción en el Regimiento Motorizado N°24 "Huamachuco" en Putre, por lo que la Corte Suprema deberá resolver si este caso queda en manos de la justicia militar u ordinaria.
Este fin de semana, la ministra en visita Jenny Book dictó una resolución inhibitoria de competencias para que dicho tribunal ariqueño dejara de seguir conociendo de la causa y remitiera los antecedentes a la justicia militar.
Esta jornada, el juzgado realizó una audiencia para discutir sobre la competencia inhibitoria y decretó que sea la justicia civil la que investigue este caso, tal como lo solicitó el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas.
Desde la parte querellante expusieron que la justicia militar no releva los derechos humanos, ya que la figura de víctima no existe en dicha jurisdicción y lo que existe es la figura de "persona interesada".
"Voy acoger la pretensión de los querellantes, en orden a que será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos. En consecuencia, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes, no nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto", señaló el juez de garantía Juan Araya.
"En virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar", ahondó el magistrado.
En conclusión, ahora la controversia deberá ser resuelta por el máximo tribunal.
Para argumentar su decisión, Araya citó fallos de la Corte Suprema que lo llevan a advertir que, en este caso particular, se ven afectados bienes jurídicos distintos a los militares, como lo son el derecho la dignidad y a la vida, y a la libertad personal, entre otros.
A la vez, el juez recalcó que existe una víctima que no es militar: la madre del conscripto fallecido, Romy Vargas, y que si se busca proteger y dar garantías a los afectados en esta causa, la Unidad de Víctimas del Ministerio Público es la institución indicada para ello, pues tiene las capacidades para lograrlo hace más de 20 años, versus la justicia militar, que no cuenta con la robustez de esa división.
"TRIUNFO PARA LOS DERECHOS HUMANOS"
Consuelo Contreras, directora nacional del INDH, expresó que "estamos muy conformes con la resolución del tribunal, al declararse competente para ver la causa y trabar esta contienda que se ha generado. Hoy día ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país".
"Estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos, por una autoridad que cometió delito en contra de ellos. Los derechos humanos están para apoyar la dignidad de las personas y evitar los abusos de poder. Eso es lo que buscamos, y vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición", aseguró Contreras.
La profesional remarcó que "no queremos que nuestros jóvenes sigan sufriendo situaciones de este tipo".
GOBIERNO EVITA POLEMIZAR
Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se limitó a subrayar que "hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance en lo que es materia legal; por eso fue que solicitamos la presencia de una ministra en visita" al conocer este caso.
"Sobre la competencia de los tribunales, que es otro poder del Estado, no nos podemos referir. Será la Corte Suprema la que defina esa situación", remató la secretaria de Estado.
