A la fecha, las Fuerzas Armadas han postergado el inicio de sumarios contra efectivos que han sido denunciados por presuntos excesos contra civiles durante el estado de emergencia que rigió en el país, principalmente en el Gran Santiago, entre el 19 y 28 de octubre, en el inicio de la crisis social del país.
El Ministerio Público recibió 840 denuncias contra militares y policías por presuntos hechos cometidos durante esas fechas, y ha iniciado 45 investigaciones penales contra el Ejército y ocho contra la Armada.
De esos, según el Ministerio de Defensa, hay tres casos formalizados contra el Ejército, uno por homicidio y dos por apremios ilegítimos, y uno contra un efectivo de la Armada por cuasidelito de homicidio ocurrido en Talcahuano.
En este marco, de acuerdo con información obtenida por La Tercera vía Ley de Transparencia, las tres ramas de las FF.AA. han retrasado la realización de indagatorias internas para determinar responsabilidades de funcionarios y sus mandos; sólo Carabineros y la PDI, Fuerzas de Orden, confirmaron el inicio de 38 sumarios.
El Ejército sostuvo que "a la fecha no se han iniciado procesos disciplinarios, investigaciones administrativas o denuncias por presuntos delitos en contra de civiles", y en una respuesta posterior, el 3 de enero, apuntó que como institución "ha privilegiado el acceso a todos los antecedentes requeridos por la justicia civil a fin de no entorpecer dichas investigaciones en cada caso".
"No obstante aquello, hoy se encuentran iniciadas dos investigaciones sumarias administrativas, con el objeto de determinar el buen empleo de los procedimientos y aplicación de la normativa legal vigente", precisó.
La Armada, en tanto, reconoció que "no se instruyeron sumarios ni investigaciones administrativas en situaciones como las descritas", lo mismo que la Fuerza Aérea, que no ha abierto sumarios "contra funcionarios por cometer presuntos delitos contra civiles".
Desde el Ministerio de Defensa, el jefe de gabinete, Pablo Urquizar, aseguró que "las FF.AA. van a realizar las investigaciones administrativas una vez concluidas las investigaciones judiciales", ya que "el propósito es no interferir en las investigaciones que está llevando adelanto el Ministerio Público, y prestarle la máxima colaboración, de manera tal que puedan esclarecer íntegramente los hechos, sin que existan investigaciones paralelas".
