Las pensiones que el Fisco financia para los integrantes de las Fuerzas Armadas son millonarias y representan un importante gasto para el Estado, según reveló el medio electrónico de investigación Ciper.
Según la publicación, entre 2011 y 2015 el Estado desembolsó 3,8 billones de pesos (millones de millones de pesos) para solventar las pensiones pagadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Esta "billonaria" cifra equivale a 119 teletones (según la recaudación de 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 (90 mil millones de pesos).
De hecho, según información que entregó Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena, a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FFAA, solo en 2015 el organismo previsional repartió 911 mil millones de pesos en pensiones, de las cuales, el 94 por ciento fueron por aporte fiscal y solo el seis por ciento restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados.
Son 3.090 los ex oficiales del Ejército, la Armada y la FACh que pasaron a retiro entre 2006 y 2016 que reciben pensiones de Capredena cuyos montos en promedio rozan los 2,3 millones de pesos mensuales, e incluso hay 17 ex militares con pensiones por sobre los cuatro millones de pesos mensuales.
La cifra marca grandes diferencias con los jubilados por vejez en las AFP, cuyas pensiones promedio solo llegan a los 192 mil pesos, mucho menos incluso que el salario mínimo, que desde el presente enero llegará a los 276 mil pesos.
Condenados por delitos de DDHH también reciben pensiones
Además parte de estos millonarios recursos, que llegaron al 0,9 por ciento del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo, son destinados a cubrir pensiones para ex uniformados condenados o que están procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo.
El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a 2,7 millones de pesos.
En los más de tres mil casos revisados por Ciper aparecen altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua, un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna, un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (Caso Quemados), entre otros.
