La transacción será la primera venta de aviones militares de Estados Unidos a América Latina desde 1981, tras el levantamiento de la "Enmienda Kennedy", que impedía la venta de armas a la región.
La ministra Bachelet dijo que esta decisión obedece a la necesidad de modernizar el material de defensa aérea ya obsoleto, aunque –aclaró- que esto no debe ser entendido como una carrera armamentista.
"Con ello obtendremos mejores resultados con menos aviones. En efecto los nuevos aviones reemplazarán a 19 aeronaves dados de baja en el año 2000 y a un número significativo de otros A-37 y Mirage que posee actualmente la Fuerza Aérea", indicó.
La adquisición de la flota de 10 caza F-16 se realizó 23 días después que venciera el plazo impuesto por Lockheed Martin para mantener las condiciones de la oferta inicial, por 660 millones de dólares, plazo que fue renovado hasta el 7 de febrero. El Estado tendrá un plazo de nueve años para pagar el costo de las aeronaves.
Asimismo, el Ministerio de Defensa informó del inicio de un atractivo "off set" (sistema de compensaciones por una compra), que significará la instalación en Chile de la empresa General Electric, ligada a la fabricación de motores de aviones para la compañía Lockheed Martin.
En este sentido, la ministra explicó que “en la negociación para la compra de estos aviones hemos asegurado que por cada dólar que Chile gastará, ingresarán al país, como contrapartida, su equivalente en sectores de alta tecnología y generadores de empleo calificado”
Por ello, indicó que la primera inversión que será implementada como parte de este acuerdo es “la instalación en nuestro país de un centro de alcance mundial de la empresa General Electric para dar asistencia técnica a distancia en el área de motores de aviación, tanto de aeronaves civiles como militares en todo el mundo”.
Plan Tridente postergado
El Plan Tridente, que contempla la construcción de cuatro fragatas en conjunto con Alemania, con un costo de 950 millones de dólares, quedó pendiente según decidió el Gobierno.
Sin embargo, la ministra de Defensa indicó que este proyecto deberá llevarse a cabo en un futuro próximo. Señaló que la decisión del Presidente Lagos se debe “entre otras razones porque dada la actual modalidad de financiamiento, la ejecución del proyecto impondría compromisos que se extenderían por un período de tres mandatos presidenciales sucesivos”.
Bachelet dijo que el Gobierno debe tener la certeza de que los planes de renovación de los materiales bélicos contarán con una modalidad de financiamiento conveniente para el país.
Asimismo, indicó que los mecanismos de financiamiento bélico previsto en la actual legislación, en directa a alusión a la Ley del Cobre, son extremadamente rígidos y requieren ser modificados para responder a las necesidades de seguridad de la Nación.
