El diputado Andrés Celis (ex-RN), querellante en el caso Monsalve por presunta obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia, pidió que se incaute los teléfonos personales e institucionales de quienes, al interior del Gobierno, supieron de la denuncia contra el exsubsecretario antes de que se hiciera pública.
En ese lista se encuentra la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien se enteró el martes 15 de octubre; el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien le informó al respecto a la secretaria de Estado; Camilo Araneda, funcionario de la División de Gobierno Interior, cercano al Presidente Gabriel Boric (FA) y a quien la denunciante le habría comentado la situación; y Gabriel de la Fuente, exjefe de gabinete de Monsalve, de acuerdo con La Tercera.
Celis también ha solicitado que se cite a declarar, en calidad de imputados, a Manuel Monsalve (ex-PS), Tohá, Cerna y De la Fuente, los cuatro nombres que menciona en su querella; y como testigos, a Boric, a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), y al actual subsecretario del Interior, Luis Cordero.
En paralelo, según reveló hoy The Clinic, el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, y el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), también supieron del caso antes de que estallara públicamente.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que investiga la causa principal por delitos sexuales, ha avanzado en diligencias en la arista por obstrucción a la Justicia, tomando declaraciones a funcionarios de Gobierno y autoridades como el propio Presidente y la ministra Tohá, para esclarecer la sucesión de hechos respecto al conocimiento de la denuncia, aunque aún no ha formulado imputaciones.
Celis planteó en La Tercera que estamos "frente a un caso que no solo expone la gravedad de las acusaciones contra el exsubsecretario Monsalve, sino también la posibilidad de que altos funcionarios, cercanos al Presidente Boric, hayan actuado para encubrir los hechos o, incluso, hayan utilizado recursos públicos para protegerse".
Por ello, "queremos saber si hubo contactos con el Presidente y si desde La Moneda se intentó frenar esta denuncia", subrayó el diputado opositor.
La semana pasada, en tanto, Celis solicitó al ente persecutor que instruya la investigación a Carabineros y no a la PDI, para que exista imparcialidad y no haya sesgos, dado que Monsalve le pidió detectives de la segunda institución que realizaran diligencias relativas a su situación personal antes de la deuncia.
También confirmó que ampliará su querella para que se indague el uso que dio Monsalve a los gasos reservados, los cuales, según un informe de la Subsecretaría del Interior enviado al Fiscalía y que dio a conocer La Segunda, ascendieron a 1.500 millones de pesos durante los dos años y medio que lideró esa repartición.
