Diputados de oposición se reunieron durante la mañana de este viernes para analizar los pasos a seguir y definir una ofensiva conjunta, tras conocerse el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que acreditó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert se extralimitó en sus funciones.
El órgano fiscalizador constató que, tras asumir en el Gobierno, la exautoridad —quien duró 69 días en el cargo— solicitó de manera irregular a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes sobre funcionarios policiales con los que ella había trabajado en su etapa previa como fiscal regional de Tarapacá, en el marco de una causa por crimen organizado.
A raíz del fallo, los parlamentarios opositores miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja iniciaron intensas coordinaciones y ya adelantan que no descartan la presentación de una acusación constitucional o la creación de una instancia investigadora que asegure sanciones institucionales.
"El dictamen Steinert es gravísimo y, por lo tanto, sostuvimos esta reunión para definir los pasos a seguir. Lo primero es que vamos a trabajar unidos para fortalecer la institucionalidad que el Gobierno ha dañado profundamente con estos hechos", señaló el diputado Jaime Araya (independiente-PPD), uno de los integrantes de la citada comisión.
Agregó que él y sus pares de Seguridad Ciudadana se reunirán "con los jefes de bancada y presidentes de partido la semana próxima para definir en conjunto las acciones, poniendo el foco en no hacer pequeños puntos políticos ni actuar como el Partido Republicano (en el caso de la fallida acusación constitucional al exministro Nicolás Grau), sino con sentido de Estado, porque aquí se vulneró gravemente la ley en el contexto de una investigación de crimen organizado".
En esa línea, advirtió que "están sobre la mesa las comisiones especiales investigadoras, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas, políticas e incluso penales".
Cuestionamientos al control de daños de La Moneda
La reacción del Gobierno —que a través del vicepresidente de la República, Claudio Alvarado (UDI), tachó el actuar de Steinert como un "error"— fue duramente criticada por el diputado socialista Raúl Leiva, uno de los impulsores del requerimiento ante la CGR.
"Una ministra de Estado obró al margen del ámbito de sus competencias. Esa es la gravedad, y lo que llama profundamente la atención es que este hecho sea minimizado por el propio vicepresidente de la República, quien señala de forma textual que 'todos los ministros pueden cometer un error', o que el propio ministro de Seguridad sucesor no se haga cargo de esa problemática", acusó.
Por su parte, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, instó a otras reparticiones del Estado a revisar sus procedimientos internos a la luz de este dictamen.
"Hay algunos que de repente se extralimitan, sobrepasando el principio de legalidad. Es importante que los órganos constitucionales lo tengan claro, no solo en este caso de alguien que ya dejó su cargo, sino que en otros donde sería bueno que se pregunten internamente si están actuando bajo las atribuciones que les da la ley", planteó.
En tanto, el diputado Patricio Pinilla (Democracia Cristiana) levantó nuevas interrogantes sobre el alcance real del oficio de la exministra, cuestionando si la PDI efectivamente llegó a hacer entrega de la información confidencial, el nivel de conocimiento que poseía el Presidente José Antonio Kast sobre el caso y la eventual relación de este escándalo con la polémica salida de la jefa de Inteligencia de la policía civil, Consuelo Peña.
