Mientras parlamentarios de distintos sectores abogan por elevar los requisitos para presentar y tramitar una acusación constitucional, otros diputados de oposición no descartan ingresar un libelo en contra de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert.
Quienes plantearon dicha posibilidad son Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC), legisladores que recurrieron por separado a la Contraloría para obtener un pronunciamiento sobre la controvertida remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña.
El dictamen del ente fiscalizador publicado este jueves sostiene que la salida de Peña se ajustó a derecho, pero al mismo tiempo, establece que Steinert excedió sus facultades al solicitar información sensible y detallada sobre una investigación penal en curso, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo el 11 de marzo.
El texto analiza el polémico oficio reservado N° 28, mediante el cual la entonces ministra requirió a la PDI una nómina detallada de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa con un RUC específico (investigación al "Clan Chen" en Iquique).
"Vamos a perseguir la responsabilidad política"
"La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país", manifestó el diputado Leiva una vez conocida la resolución.
En cuanto a los pasos a seguir, el socialista anticipó: "Vamos a analizar los alcances de este dictamen, y de todas maneras vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución flanquea".
A su vez, el diputado Pinilla consideró que en este caso "no basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías".
De hecho, el falangista fue más directo que Leiva sobre las acciones fiscalizadoras que podrían recaer sobre Steinert: "Por mucho menos se acusó al ministro (Nicolás) Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional", aseveró.
Los opositores tienen plazo hasta mediados de agosto para interponer un libelo, pues entonces se cumplirán los tres meses desde la salida de Steinert del gabinete.
Kaiser negó que actuar de Steinert implique un error penal
Desde la derecha, en tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, opinó que la conducta rechazada por la Contraloría "parece ser un error administrativo o político, no un tema penal".
El exdiputado incluso pareció excusar dicha acción: "Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones".
"Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República", cerró el excandidato presidencial.
