El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abrió la puerta a reducir la urgencia de la reforma constitucional de seguridad, con el objetivo de ampliar la discusión y buscar acuerdos en el Congreso.
El proyecto fue ingresado con suma urgencia, plazo que vence durante los primeros días de septiembre. La iniciativa deberá ser revisada por tres comisiones en las que la oposición tiene la mayoría, entre ellas la Comisión de Constitución de la Cámara, que actuará como instancia matriz.
Sin embargo, en dicha comisión no se puso el proyecto en tabla antes del receso legislativo, por lo que el debate recién podría comenzar durante la primera semana de septiembre.
Ante ello, el secretario de Estado adelantó que el Ejecutivo deberá renovarla, pero afirmó que podría mantenerse bajo la misma fórmula o reemplazarse por una urgencia simple, de 30 días.
"Estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado y también lo más participativo posible", sostuvo García Ruminot en el programa Estado Nacional de TVN.
El ministro reconoció además que el Ejecutivo esperaba una acogida distinta de la propuesta en el Parlamento. "Debimos haber tenido una mejor recepción", afirmó, recordando que actualmente existen tres reformas constitucionales presentadas por parlamentarios para crear estados de excepción distintos a los ya contemplados.
"¿Era esta una idea tan nueva? ¿Era esta una idea tan distinta? ¿No se hace eco de inquietudes parlamentarias?", planteó.
Debate por nuevo estado de excepción de seguridad
García Ruminot defendió la creación del nuevo estado de excepción de seguridad pública, que el Ejecutivo propone como herramienta para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en sectores donde estas actividades han ganado presencia.
Sin embargo, confirmó que la duración de la medida podrá ser modificada durante la discusión parlamentaria. "Desde el día uno dijimos que eso quedaba a la discusión parlamentaria y, por lo tanto, nosotros estamos disponibles a que, si hay consenso entre los parlamentarios, se puedan disminuir los días", señaló.
Respecto de la propuesta que impide acceder a determinados beneficios estatales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo, el ministro anticipó que el Gobierno mantendrá algunos de esos puntos, aunque descartó modificar el acceso a prestaciones de salud.
García Ruminot recalcó que diputados y senadores podrán plantear críticas e introducir indicaciones durante la tramitación, pues la reforma constitucional no requiere iniciativa exclusiva del Presidente.
En tanto, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó la discusión del proyecto y señaló que "cuando uno presenta una iniciativa al Congreso, ahí comienza su debate legislativo en detalle, en profundidad.
"Se reciben las propuestas de los parlamentarios, las sugerencias y, en ese escenario siempre es bueno, como Poder Ejecutivo, tener la apertura a ir graduando las urgencias en función del objetivo final, que es buscar un acuerdo, un consenso, y sacar la iniciativa adelante. Existen todas las opciones y posibilidades de mejoramiento en el Congreso Nacional", subrayó.
RN aprobará proyecto y desde el PS adelantan rechazo
Desde el Congreso, el senador Arturo Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad en la Cámara Alta, dijo que existen "19 proyectos y nueve por entrar, y muchas medidas administrativas. Todas y cada una de ellas va a tener la mayoría del Congreso, principalmente de la derecha, y espero que el Socialismo Democrático también se sume a esto".
"Está (también) la reforma constitucional, que es lo que ha tenido más discrepancia, principalmente en nuestro sector, y esa reforma constitucional, probablemente y con la bajada de la urgencia, nos va a permitir un diálogo más fluido. En el estado de excepción constitucional, o reforzamos el que tenemos o encontramos argumentos para crear otro, acotándolo y haciéndolo lo más minimalista posible. Desde RN vamos a aprobar en general el proyecto", sostuvo.
Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) cuestionó los límites de las facultades presidenciales del nuevo de estado de excepción, que es prorrogable y se puede extender por 120 días, y permite interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones con el objetivo de enfrentar amenazas graves y al crimen organizado.
"Para nosotros el Estado de Derecho democrático no debe consagrar el abuso ni la concentración del poder, y menos la conculcación de derechos básicos y elementales de los ciudadanos", aseguró el parlamentario.
"Si aquí se quiere instalar un nuevo estado de sitio en donde el presidencialismo es el que va a incrementarse, a nosotros no nos parece. Que no sea el mismo tratamiento que ha tenido con la reforma tributaria, porque ya lo vivimos con (el ministro) Quiroz; no nos escucharon, fue un gesto distractor al que no estamos dispuestos", fustigó.
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