Uno de ellos se encuentra en Tiltil y podría albergar a más de 2.500 presos, mientras que el otro tendría capacidad para 1.000 plazas y estaría ubicado en Santiago.
No obstante, ambos territorios presentan inconvenientes que el Ejecutivo busca dar solución.
Ante la sobrepoblación que se registra en el sistema penitenciario, que alcanza un 33% de acuerdo a datos de Gendarmería de mayo de este año, se ha generado un debate respecto a la instalación de nuevas cárceles, mientras que el Gobierno busca instalar dos recintos para albergar delincuentes de alta peligrosidad.
Según informó La Tercera, el Ministerio de Justicia tiene como objetivo construir en corto plazo una cárcel especial para presos relacionados con el crimen organizado, como también aumentar el número de plazas en la Región Metropolitana, que tiene niveles de ocupación elevados del 150,3%.
Por ello, uno de los terrenos en vista está ubicado en Tiltil, cercano a Punta Peuco y un recito del Sename.
Este terreno de 26 hectáreas es parte de un proyecto iniciado en 2010, que contemplaba la capacidad de acoger 2.500 condenados y fue denominado: "Santiago Dos". Sin embargo, al comenzar los estudios para iniciar las obras, se percataron que los pozos de agua estaban vacíos debido a la sequía que afecta a dicha zona, perdiendo factibilidad.
De todas formas, el Gobierno actualmente busca una alternativa para comprar agua, ya que por la zona existe un ducto que suministra dicho elemento desde una planta desalinizadora de Aguas Pacífico hacia la minera Anglo American, por lo que el Ejecutivo está en negociaciones para dar con la solución.
De llegar a una acuerdo, fuentes del Palacio de la Moneda señalaron a dicho medio que permitiría la posibilidad de readecuación de Punta Peuco -penal que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos que fue descartado su cierre a comienzos de este mes-, con lo que se podría acoger a delincuentes de baja peligrosidad.
Por otro lado, el Gobierno también busca instalar otra cárcel en Pedro Montt, Santiago, creando así un "barrio penitenciario", ya que estaría entre Santiago Uno y las oficinas de Gendarmería, conectado con la Unidad Especial de Alta Seguridad y permitiría habilitar 1.000 plazas para condenados.
No obstante, el espacio pertenece al Ejército y en él está instalado el Instituto de Investigaciones y Control de la institución castrense. Por ello, el Ejecutivo se encuentra realizando diferentes acciones para que el terreno sea reasignado a la cartera de Justicia.
En tanto, no existe un cronograma establecido para la materialización de esta cárcel especial y se encuentra a la espera de que destraben los inconvenientes, con el objetivo que se inicien las obras de los recintos penitenciarios antes del término de la administración del Presidente Gabriel Boric.
