El Gobierno salió a reconocer, finalmente, que no hubo ningún error en la "plataforma digital" del Ejecutivo que estuviera detrás de las declaraciones de patrimonio incompletas de ministros y subsecretarios.
Luego de que, el fin de semana, el diario La Tercera informara que siete ministros y 15 subsecretarios mantenían declaraciones con datos reservados, la vocera subrogante, Claudia Pascual (PC), afirmó el lunes que tales documentos estaban completos -conforme al "Instructivo de Buenas Prácticas en Materia de Declaración de Intereses y Patrimonio" publicado por la Presidenta Michelle Bachelet en marzo de 2015- pero "una situación" de sistema había dilatado su publicación.
En una entrevista que publica este miércoles el matutino, la ministra subrogante de la Segpres, Patricia Silva, aclaró que, en realidad, ministros y subsecretarios analizaron personalmente si publicaban sólo los datos que la ley obligaba o iban más allá; tal como reveló ayer La Tercera, al desmentir la explicación de Claudia Pascual.
"Algunos marcaron autorizo y otros no autorizo la publicación completa. Por eso nosotros dijimos que esto fue un tema de sistema, porque hicimos un sistema donde la persona, voluntariamente, tenía que decidir si lo llenaba por obligación legal o por el instructivo presidencial, es decir, por buena práctica simplemente, por buena fe", argumentó Silva.
La ministra subrogante remarcó que "no es que se optara hacerla o no, sino simplemente que toda la información que estaba por sobre la ley, toda vez que esto es un instructivo presidencial, había que ver si la podíamos publicar o no. Algunos pusieron sí y otros no, pero la declaración está integra y para el órgano fiscalizador, es transparente".
"Lo que pasa es que luego, al publicarla en la página web que fue creada para estos efectos (dpi.minsegpres.gob.cl), y conforme a la Ley 19.628 que regula el tema de la privacidad, ellos tenían que autorizar si sí o si no", agregó..
Amenazas judiciales
La ministra subrogante reveló además que el instructivo de transparencia publicado por la Presidenta hace un año generó molestia en parte de los empleados del sector público.
"Lo que pasa que como incluía a tantas personas que no eran funcionarios públicos, hubo muchísimos funcionarios, asociaciones de funcionarios, que nos decían: '¿Por qué me están obligando a mí?' Asociaciones de funcionarios iban a interponer recursos de protección, y doy por seguro que el recurso se iba a acoger", comentó.
En esta línea, Silva reconoce que "quizá debíamos hacer dos sistemas. En la nueva ley que regula la probidad en la función pública este tema se termina, porque hay obligación legal, ya no va a haber eso de que si quiero publico. Es decir, se va a acabar esta cosa como de transición, esta especie de marcha blanca para prepararnos para la Ley de Probidad".
"Acá sí pudo haber errores, omisiones, pero estamos en un proceso de marcha blanca", enfatizó la ministra subrogante quien remarcó: "Lo que aseguro es que no hay ninguna intención, ninguna política de ocultamiento".
"Lo que menos queremos es que se genere un tema de desconfianza respecto a las declaraciones de patrimonio. Fue la propia Presidenta quien corrió la cerca mucho más allá de lo que decía la ley. Yo insisto en que las declaraciones están hechas en tiempo y forma, y es tan así que la Contraloría ya tiene 22 mil declaraciones", aseguró.
La ministra finalmente resaltó: "No hay ninguna mala fe, y hay que tenerlo claro".
