El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, defendió las contrataciones de candidatos al Parlamento que perdieron en las pasadas elecciones del 17 de noviembre para realizar asesorías, entre quienes se cuenta -entre varios otros- al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett y la ex seremi de Salud, Rosa Oyarce.
Según la autoridad, todos los contratados -que según la oposición superan las 15 personas- son personas calificadas para estas labores.
"Todos ellos están trabajando activamente, en forma lícita, con un alto estándar, con plena satisfacción nuestra, por la calidad del trabajo que realizan, de manera que del punto de vista laboral, ético, clínico, tienen más que nuestro respaldo porque están haciendo un trabajo de alto estándar", indicó Castillo.
La réplica de La Moneda
Por su parte, el vocero (s) de Gobierno, Mauricio Lob, aseguró que estas denuncias son una "cortina de humo" para tapar la crisis que generó en la oposición los problemas en los nombramientos de algunos subsecretarios.
"Da la impresión que hay un intento evidente por montar una cortina de humo y disparar a la bandada para de esa forma tapar los propios errores que está viviendo la Concertación", sostuvo.
Lob también defendió las contrataciones aseverando que "es perfectamente normal que personas que han cumplido funciones en el aparato público y que dejan estas funciones para competir en una carrera electoral, una vez que termine esa contienda, se reintegren a esas funciones u otras que sean requeridas en la medida que cumplan esa labor".
"Ni ético, ni estético"
Desde la Nueva Mayoría insistieron en cuestionar el procedimiento, pues a su juicio el Estado no es un premio de consuelo, ante lo cual el presidente (s) y diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, dijo que pedirá un informe detallado de quiénes son los contratados y cuáles son sus funciones.
"Todo esto que puede ser perfectamente legal, y como siempre este Gobierno ha puesto las cosas en la barrera de lo legal, (pero) claramente no es ni ético ni estético, y por eso que nosotros vamos a solicitar un informe pormenorizado de cada una de las actividades que han realizado estos candidatos derrotados, cual ha sido el objetivo, la justificación, porque tenemos que ser celosos del uso de los recursos públicos y no pueden servir estos para financiar premios de consuelo", manifestó el legislador.
El diputado además agregó nuevos antecedentes, respecto a que el Ministerio de Obras Públicas cambió los contratos para que estos funcionarios no puedan ser finiquitados sin el acuerdo de la contraparte, por lo que pidió a la Contraloría intervenir en este caso.