Cristián Letelier destacó que la investigación eclesiástica concuerda con la justicia civil.
ONG Nos Buscamos mostró satisfacción por arraigo al sacerdote.
Joannon fue investigado y sancionado por su congregación.
El abogado Cristián Letelier, representante de algunas de las víctimas de las adopciones irregulares gestionadas por el sacerdote Gerardo Joannon, calificó de "natural y obvio" que el ministro en visita para este caso, Mario Carroza, dictara orden de arraigo contra el religioso.
El juez le prohibió a Joannon salir del país luego de que la congregación de los Sagrados Corazones comunicara que había comprobado su participación en casos de adopciones que no se hicieron de acuerdo a la ley y su "relación impropia" con Carolina Celedón, madre de uno de los bebés entregados.
De esta forma se impide que el sacerdote cumpla con el mandato de sus superiores de viajar a España para iniciar un proceso de reflexión y tratamiento sicológico.
"Se requiere en el país a Gerardo Joannon toda vez que hay muchas diligencias pendientes y es por eso que esta resolución que tomó el ministro Carroza de arraigarlo y citarlo a declarar en los próximos días tiene que ver con los antecedentes y las evidencias que hay en el proceso", afirmó Letelier.
"Era natural y obvio que después de esa resolución eclesiástica, que era concordante con la investigación de la justicia civil, le impidieran salir del país y lo requirieran nuevamente para aclarar los dichos", agregó el abogado.
Mientras, el director de la ONG Nos Buscamos, Arturo Fellay, reconoció que "obviamente había desconcierto con este, entre comillas, castigo que se le estaba dando de mandarlo a España a tratamiento sicológico y meditación".
"La orden de arraigo nos satisface bastante y nos parece que es lo correcto. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y tomarle seriedad a este tipo de casos. En base a la página, la ONG y el trabajo que estamos haciendo nos hemos dado cuenta de que es un problema de Estado, de nivel nacional", planteó Fellay.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, comentó que "lo que hace el ministro Carroza es ocupar una facultad que tiene el Poder Judicial de evitar que una persona que está en un proceso de investigación, porque aún no hay ninguna decisión tomada, no salga del país".
"Eso es el arraigo y está dentro de sus facultades. El respeto que tenemos nosotros por la actividad judicial está también respecto a aquellas decisiones que se tomen", concluyó el secretario de Estado.
