La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó este miércoles las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra del sacerdote John O'Reilly, líder de la congregación de los Legionarios de Cristo, que está acusado de presuntos abusos sexuales contra dos niñas, alumnas del Colegio Cumbres, entre los años 2007 y 2012.
En la audiencia de formalización desarrollada el martes 27 de agosto la jueza Andrea Díaz Muñoz determinó dejar en libertad y sin medidas cautelares a O'Reilly y criticó la labor indagatoria del Ministerio Público.
La Fiscalía y la parte querellante decidieron apelar a la decisión, lo que fue llevado a cabo este miércoles, en un recurso que el tribunal de alzada aceptó para decretar el arresto domiciliario del religioso en su residencia en la calle Camino Otoñal, en Las Condes, durante el plazo de 120 días que se otorgaron para la investigación.
La decisión fue adoptada de manera unánime por la ministra Marisol Rojas, la fiscal judicial Clara Carrasco y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
"Si bien aparece que no hay un relato continuo e inmutable de las víctimas, sí existen antecedentes razonablemente suficientes en esta etapa procesal para estimar la efectividad de la comisión del ilícito que se investiga, así como la participación que en tales hechos ha tenido el imputado", declaró Rojas.
"Considerando también que el imputado ha concurrido a las audiencias en que ha sido requerido y ha prestado colaboración en la investigación, la prisión solicitada, a juicio de esta Corte, resulta una medida excesiva. Sin embargo, la necesidad de cautela se satisface con el arraigo nacional y el arresto domiciliario total del imputado", sentenció la jueza.
Descargos de la defensa
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público apuntó a que la Corte estableció la "existencia del delito".
En la reunión estuvieron presentes el abogado de corte de la Fiscalía Oriente, Nicolás Calvo, el abogado querellante de la familia de las dos niñas, José Ignacio Escobar, y el defensor de O'Reilly, Luis Hermosilla, quien lamentó este revés, que "no nos queda otra cosa que acatar".
El defensor comentó además que los dichos de la jueza Rojas sobre la presunta participación de O'Reilly en los delitos se pueden malinterpretar.
"Lo que sostiene la Corte es que a esta altura basta con poca prueba para poder hacer esa afirmación: no es la prueba que se necesita para un juicio oral, entonces eso puede prestarse a confusión y lo quiero aclarar desde ahora", dijo Hermosilla.
"No es que se esté diciendo que el hecho punible se encuentra acreditado en términos de que sea condenado o que haya antecedentes que acrediten su participación como autor de esos hechos", señaló el jurista.
Participación "acreditada"
Por su parte, el abogado de la Fiscalía, Nicolás Calvo, se declaró satisfecho con la resolución judicial, pese a que no se accediera a la prisión preventiva que el Ministerio Público solicitaba.
"En este caso, a pesar de que no se consiguió la medida de prisión preventiva, sí se tiene por acreditada la existencia del delito y la participación del imputado", dijo.
"Eso es muy importante, porque el peligro para la seguridad de la sociedad que hemos sostenido nosotros en este caso es en relación no a la sociedad completa -que puede afectarme a mí personalmente, a usted como periodista- sino al universo compuesto por menores de edad, niños, pre escolares, que puedan estar en contacto con el imputado", indicó Calvo.
El abogado de la familia de las presuntas víctimas, José Ignacio Escobar, destacó la confianza de éstos en el Tribunal.
"Ellos han pasado por una situación que ha sido tremendamente dolorosa. Ellos siguen con las menores en tratamiento, conteniéndolas, etcétera, pero ellos tienen mucha confianza en la acción de la Justicia y ésta resolución también ratifica la creencia que han tenido ellos en el sistema y que van a seguir teniendo hasta llegar al juicio definitivo", señaló.