"Vine una vez más a colaborar con la Justicia, para que se aclaren los delitos que han cometido ciertas personas de Inverlink, se castigue a los culpables, ojalá se repare a las víctimas", dijo García al abandonar el despacho del juez.
El ex director de Le Mans agregó que también se sentía "víctima" de sus ex socios.
Según el edil viñamarino, el pasado 13 de febrero García lo llamó para solicitarle que el municipio no retirara sus dineros invertidos en Inverlink, los que sumaban tres mil 300 millones de pesos.
En tanto, hasta el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago llegó el abogado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Jorge Bofill, quien presentó una nueva acción legal contra Eduardo Monasterio y los principales ejecutivos del holding, por el delito de asociación ilícita.
La SVS se había querellado, el pasado 21 de marzo, por información falsa y uso indebido de instrumento público, contra Monasterio, presidente y principal accionista de Inverlink.
Según el profesional, se busca entregar nuevos antecedentes al ministro sobre la organización criminal, con una estructura jerarquizada de mando, que dirigía Monasterio.
"A estas alturas, es sólo el resultado de la investigación judicial, y de la investigación administrativa de la Ssuperintendencia, las que apuntan a señalar que, efectivamente, las personas que formaban el grupo Inverlink eran una organización criminal, eso fluye de las declaraciones que ello mismos han prestado en la causa, de manera que a la superintendencia le caben pocas dudas que ellos son una asociación ilícita", sentenció.
También este miércoles fue interrogado por el ministro Villarroel el operador de la mesa de dinero de Scotia Sudamericana Corredores de Bolsa, Gino Tirapegui, al cual se acusa de recibir los documentos sustraídos desde Corfo, los cuales habría blanqueado e ingresado al mercado para su comercialización.
Jorge Vallejos, abogado de Tirapegui, señaló que el funcionario actuó bajo las órdenes de autoridades del banco ScotiaBank, propietario de la corredora.
"No hay ninguna instrucción, ni escrita ni verbal, que no diga que él no podía hacer lo que hizo como un empleado común y corriente de una corredora", subrayó el jurista.
