Mientras el máximo tribunal señaló que la decisión no es vinculante para el Estado, el CDE y abogados de DD.HH. señalaron que se debe acatar la decisión sobre la inaplicabilidad del decreto.
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, señaló que hay que examinar "caso a caso" la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la aplicación de ley de Amnistía en el país.
Ante la resolución de la corte con sede en Washington sobre la inaplicabilidad del citado decreto de 1978 en el caso de Luis Amonacid, un militante del Partido Comunista (PC) asesinado en 1973, el magistrado indicó que se hará una revisión de los procesos, aunque entendiendo -agregó- que las decisiones de la CIDH no son vinculantes para el Estado chileno.
"Cada tribunal tendrá que ver qué es lo que hace", señaló el juez, quien aseveró que "la amnistía no es una cosa que vaya afectar igual en todos los procesos".
En esa misma línea se mostró el abogado Juan Carlos Manns, defensor de varios militares involucrados en violaciones a los DD.HH., quien planteó que los acuerdos suscritos por nuestro país permiten "leyes del olvido".
Para el jurista, "con esto de la globalización internacional, en lo legal también se va produciendo un problema, sobre cuáles van a ser las vinculaciones en la medida que el Estado chileno esté adscrito a una corte internacional".
"Los tratados internacionales son bastante claros, los que están vigentes en Chile, y admiten las amnistías y las prescripciones en sus más amplias concepciones, entonces hay un conflicto jurídico, de intereses, entre la corte internacional y el de derecho interno", dijo Manns.
Sin embargo, abogados querellantes y otros como María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), destacaron la jurisprudencia que el fallo del CIDH implica.
"El consejo se ha adelantado, incluso, a ese fallo, planteando la misma doctrina con bastante anterioridad. Es más, es una instrucción obligatoria para los abogados del consejo", indicó Horvitz.
Por su parte, el abogado Miguel Retamal, quien en su momento defendió al brigadier en retiro Pedro Espinoza, afirmó que la sentencia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de reabrir el caso Almonacid.
"Claramente, aunque no nos guste (la decisión), es vinculante. De una u otra manera, la Corte Interamericana tiene la facultad de señalar si se vulneran o no las normas del debido proceso y sus resoluciones el Estado de Chile está obligado a cumplirlas", señaló.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró el pasado sábado que Chile respetará el dictamen internacional, porque el país "ha consagrado como un principio fundamental de su ordenamiento jurídico el respeto al derecho internacional".
Almonacid Arellano fue asesinado el 17 de septiembre de 1973, seis días después del golpe de Estado que llevó al poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras haber sido detenido por una patrulla de Carabineros que le disparó en presencia de su familia. (Cooperativa.cl)
