El capitán (r) Pedro Araya reconoció a la policía que el alto mando del Ejército estuvo detrás de la comercialización de armamento a Croacia en 1991 y que recibió presiones de importantes generales para guardar silencio.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) manifestó su satisfacción con los detalles sobre la venta ilegal de armas a Croacia, ocurrida a comienzos de la década de 1990, revelados a la policía por el capitán en retiro Pedro Araya, uno de los tres condenados por el caso en primera instancia.
En revelaciones hechas a Investigaciones, Araya reconoce que el 22 de noviembre de 1991 una reunión encabezada por Augusto Pinochet con los generales de la Guarnición de Santiago del Ejército se decidió de qué regimientos se sacarían las armas que serían enviadas, en una primera entrega, supuestamente a Sri Lanka, pero que terminaría requisada en Hungría al saberse que su destino real era Croacia, en medio de la Guerra de los Balcanes que terminó con la división de Yugoslavia.
La abogada del CDE, María Inés Horwitz, indicó que esta confesión "es una buena señal de que algo más había detrás de toda esta investigación, que fue absolutamente insuficiente".
"Esta confesión ratifica nuestra apreciación en todo el curso del procedimiento", recalcó la representante del CDE, que ha solicitado insistentemente el nombramiento de un ministro en visita en el caso de la muerte del general Eduardo Huber, quien apareció muerto el 22 de febrero de 1982, jefe del departamento de adquisiciones de la Fábrica de Armas y Maestranza del Ejército (Famae).
El fallecimiento de Huber ocurrió justo en el momento en que era citado a declarar ante la justicia por el descubierto contrabando de armas. Esta situación hace suponer al CDE que la extraña muerte está relacionada con impedir que revelara detalles de la operación ilegal.
Esta posibilidad parece confirmada con otras declaraciones hechas por Araya, en cuanto a que recibió presiones. "Cuando se descubre esta exportación ilegal todo el ambiente que empieza ha haber es muy dramático", comentó el capitán retirado a Radio Cooperativa.
"En forma velada, uno por supuesto que uno se siente presionado en el ambiente en que está trabajando", añadió. Detrás de estas presiones están el entonces director de Logística, Carlos Krumm y el auditor general del Ejército, Fernando Torres.
En tanto, el subsecretario de Guerra en 1992, Marcos Sánchez, defendió la labor de su superior, el ministro Patricio Rojas, quien firmó la autorización de la venta de armas, supuestamente, a Sri Lanka.
"En la época, el ministerio dio una autorización tal como se señala, de exportar armas Sri Lanka. Después que se haya hecho un mal uso de la autorización, cuando el ministerio tomó conocimiento hizo la denuncia a la justicia que correspondía. Incluso, las causas se iniciaron en una petición del ministro de Defensa", enfatizó.
