La Corte Suprema dictó hoy condenas definitivas contra varios ex uniformados, pero sin penas de cárcel efectiva.
Defensa de uno de los ex generales imputados cuestionó que se armara un proceso por lo que fue un "negocio estupendo para el Ejército".
La abogada María Inés Horvitz, que representó al Consejo de Defensa del Estado durante los 20 años que se extendió el proceso judicial por el tráfico ilegal de armas a Croacia, revelado en 1991, lamentó que la causa haya concluido sin acreditar que fue el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, entonces comandante en jefe del Ejército, quien dio la orden para efectuar el contrabando.
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| El contrabando de armas, en 1991, se efectuó violando una resolución de la ONU. |
La Sala Penal de la Corte Suprema definió este viernes en fallo unánime las condenas definitivas por el caso, que involucró a una serie de miembros de las Fuerzas Armadas, ninguno de los cuales fue, sin embargo, condenado a pena efectiva de cárcel.
Al respecto, Horvitz aseveró que "hay constancia en el proceso" de que Pinochet "dio la orden de comando en el Club Militar de Lo Curro", algo que fue revelado por los imputados "después de 18 años para tratar de justificar que esto era una operación regular".
Antes de eso, "sin embargo, jamás la dieron a conocer", apuntó la abogada, subrayando que "en esa orden de comando, quien dio las órdenes para que se pusieran a disposición de Famae las armas que finalmente se iban a exportar -vía Famae (Fábricas y Maestranzas del Ejército)- fue el señor Pinochet".
El contrabando de armas fue descubierto en 30 de noviembre de 1991 en Hungría, cuando la policía encontró un enorme cargamento bélico estimado en 36 toneladas al interior de cajas caratuladas como ayuda humanitaria por el Hospital Militar de Chile destinadas a Sri Lanka.
El destino de éstas era, no obstante Croacia, país que en la época estaba en guerra con Serbia, motivo por el cual existía un embargo de las Naciones Unidas que impedía este tipo de ventas
Abogado de ex general condenado: El Ejército hizo un "pingüe negocio"
Uno de los ex uniformados condenados durante esta jornada por el máximo tribunal fue el general en retiro y ex director de Famae Héctor Guillermo Letelier Skinner, cuyo abogado, Mauricio Hernández, cuestionó la extensión y las resonancias del proceso, señalando que fue el propio Ejército a través de su entonces vicecomandante en jefe, el general Guillermo Garín, quien visó la venta por considerarla un excelente negocio.
"No se ha ido aquí al fondo del problema: se vendieron unas armas y el propio Ejército, a través del general Garín, declaró que éste era un negocio estupendo que había hecho el Ejército, porque había vendido unas armas que peritos enviados por el Consejo de Defensa del Estado tasaron en 100 mil dólares y dijeron que eran obsoletas y no servían para la guerra", calificándolas como "chatarra bélica".
Así, "se ha hecho toda una cuestión de un proceso que ha durado más de 20 años por 40 millones de pesos, que son (el equivalente de) los 100 mil dólares. Aquí las personas que fueron a declarar, gente del Ejército como el general Garín, declararon que lo único que esto significaba era que el Ejército había hecho un pingüe negocio", concluyó el letrado.
Entre los militares vinculados al tráfico de armas figuró el jefe del departamento de adquisiciones de la fábrica de armas del ejército, coronel Gerardo Huber, que apareció muerto en extrañas circunstancias en febrero de 1992, días antes de declarar ante el juez que investigaba entonces el caso, el ministro en visita Hernán Correa de la Serna.
