El ex director de Famae, Guillermo Letelier, y el ex director de Logística del Ejército, Carlos Krumm, están entre quienes serán encausados en el fallo que oficializará el lunes 5 de junio.
Altas fuentes judiciales informaron que el juez Alejandro Solís, designado por la Justicia Militar para indagar el tráfico de armas a Croacia, procesará a tres generales en retiro del Ejército por su responsabilidad en el caso descubierto en 1991.
La resolución del ministro Solís, que aclaró en menos de un año los hechos que indagó por más de una década la Justicia Militar, afecta según las fuentes a:
El ex director de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), general (r) Guillermo Letelier Skinner.
%vi%El ex director de Logística de la institución castrense, general (r) Carlos Krumm.
El general retirado Vicente Rodríguez.
El fallo, que se oficializará el lunes 5 de junio, reemplaza las condenas a cinco años de cárcel que dictó el juez militar Miguel Trincado, en agosto de 2005, contra los entonces mandos medios, el capitán de Ejército (r) Pedro Araya, y el oficial (r) de la Fuerza Aérea Patricio Pérez Villagrán.
Ese mismo año, ante lo limitado de la investigación preliminar, la Corte Marcial designó a Solís para que determinara todas las responsabilidades en el caso del contrabando a Croacia, descubierto en diciembre de 1991 en Hungría.
En la oportunidad, personal de Aduanas del Aeropuerto de Budapest encontró armas en el interior de cajas enviadas desde Chile rotuladas como ayuda humanitaria con destino a Sri Lanka.
De acuerdo a las primeras investigaciones judiciales, el cargamento estimado en 36 toneladas sería ingresado a Croacia por tierra desde la capital húngara.
En los primeros años de la década de 1990 existía un embargo por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que impedía vender armas a la ex Yugoeslavia, inmersa en la guerra de los Balcanes.
Para María Inés Horvitz, recientemente designada miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que representó al Fisco en el proceso, la labor del juez Solís dejó al descubierto las arbitrariedades de la Justicia Militar.
La profesional anunció además que exigirán que sean investigadas y sancionadas las responsabilidades por obstrucción a la Justicia durante los años en que se desarrolló la indagación.
La profesional indicó que la "obstrucción y entorpecimiento" de la labor judicial "revelan la gravedad de esta situación y las eventuales responsabilidades que pudieran tener las autoridades involucradas con dichas jurisdicción especial en esta materia".
La abogada Horvitz propuso además la necesidad de que el poder político intervenga en la modificación del sistema judicial castrense.
El grupo de los ex uniformados y los otros involucrados que serán procesados este lunes por el juez Solís quedarán detenidos en recintos de la institución, principalmente en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén. (Cooperativa.cl)
