El abogado de derechos humanos Héctor Salazar lamentó que en la sociedad chilena, en pleno siglo XXI, aún se debata la legitimidad de la tortura contra imputados por delitos graves y consideró un "mal síntoma" que todavía se registren hechos de ese tipo.
Un álgido debate sobre el tema se levantó en los últimos días en el país luego de que se difundiera un video donde dos de los individuos acusados -de nacionalidad ecuatoriana- por el robo con homicidio de Margarita Ancacoy, aparecen rapados y de rodillas, siendo insultados, golpeados y sometidos a golpes de electricidad por un grupo de internos de la cárcel Santiago Uno.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Salazar fustigó que "es un mal síntoma que en nuestra sociedad todavía haya reacciones de esa naturaleza cuando se trata de reaccionar frente a la comisión de delitos tan graves".
"Cuestión que -sostiene- se agrava cuando ocurre dentro de un recinto carcelario donde hay funcionarios públicos y está el Estado como garante de la seguridad de las personas a las que se mantiene privadas de libertad".
"Uno de los estándares básicos para ver el estado de conciencia y cumplimiento de las normas que regulan los derechos fundamentales de las personas, está en ver cómo el Estado trata a las personas que están privadas de libertad, y ese todavía es un agujero negro en la sociedad chilena", comentó el experto.
Luego de que las asociaciones de gendarmes se declararan en estado de alerta y no descartaran movilizaciones tras decretarse prisión preventiva para el gendarme Héctor Palma, quien tenía a su cargo a los reos que torturaron y grabaron a dos de los cuatro detenidos por el homicidio, Salazar aseguró que esto da cuenta de una "actitud mala que indica la falta de conciencia, preparación y profesionalismo de ellos".
"En el fondo, lo que hay detrás de ese tipo de opiniones es que (los gendarmes) miran a los presos como personas susceptibles de ser maltratadas", cuestionó.
