El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, interpuso una denuncia por el delito de violación de secreto contra quienes hicieron público el informe de Contraloría sobre las vulneraciones en el sistema de inhibidores de señal en las cárceles.
Este miércoles se filtró un informe reservado en el que se evidenció que reos estaban utilizando teléfonos con redes móviles y, pese a que dispositivos electrónicos estuvieran bloqueados del sistema, igualmente los usaban con redes WIFI cercanas.
Ante esta situación, el ministro Gajardo aseveró que se trata de un reporte reservado y que "no puede caer en manos equivocadas, porque está el detalle de cómo funciona un sistema que es clave para la seguridad penitenciaria. Es decir, no lo pueden conocer los líderes de las bandas criminales que están operando en nuestro país".
"Lamentablemente, este informe se hizo público y nosotros hemos interpuesto una denuncia por el delito de violación de secreto, contemplado en el artículo 246 del Código Penal, para que el Ministerio Público persiga a quienes hicieron público este informe, que es reservado y clave para la seguridad penitenciaria", enfatizó.
Gajardo mencionó, además, que el sistema se encuentra operativo y que han recogido las recomendaciones del ente controlador. Asimismo, está en marcha un segundo proceso de licitación para aplicar el sistema en nueve establecimientos más.
Cabe recordar, que Contraloría detectó irregularidades en 10 de los 79 recintos penitenciarios de régimen cerrado administrados por Gendarmería que cuentan con inhibidor de señale de telefonía celular, donde tarjetas sim que se encontraban en lista negra fueron utilizadas.
Experto: "Esto hay que abordarlo de manera integral"
Por su parte, el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, abordó en El Diario de Cooperativa la situación y apuntó a que "no solo se debe tener el elemento técnico, sino tienes que tener gente atrás que monitoree el sistema, que verifique que está funcionado y cuide los equipos, porque mucha veces las personas que están privadas de razón, los detectan y destruyen".
Asimismo, señaló que "la evolución de las tecnologías es compleja. No da lo mismo cuál es la solución, porque se busca bloquear la comunicación de voz –red 2G, para hablar por teléfono-, pero la red 3G o 4G son de transmisión de datos. Entonces, la gente ya no está hablando por teléfono, sino que manda mensajes o Whatsapp, que son datos. Un inhibidor de voz no va a afectar las comunicaciones de Whatsapp".
"Tiene que haber un proceso de adaptación, hay que ver la mejor tecnología", sostuvo el experto en ciberseguridad, y acotó que "Gendarmería no tiene personas capacitadas, desde el punto de vista de ingeniería, para la mantención de estos sistemas".
"Esto hay que abordarlo de manera integral, hay que apoyar a la ley que salió ahora (que prohíbe la comercialización, tenencia y uso de inhibidores), establecer a entidades que sean exclusivas para realizar estos procesos, y verificar las tecnologías. Obviamente, también hacer la prevención", sostuvo.
Diputados piden no quitar el foco de las falencias
Consultado sobre la denuncia del Ejecutivo, el diputado RN José Miguel Castro apuntó que "el tema de las filtraciones es algo grave que tenemos que abordar, pero esto no nos puede quitar del foco de que las cárceles están siendo verdaderos call centers para poder timar a la gente".
"Este Gobierno, tanto como con las filtraciones, debería preocuparse de que su política en las cárceles ha fracasado profundamente", sentenció.
El diputado socialista Raúl Leiva matizó que "el delito de violación de secreto es el que está denunciado por parte del Ministerio de Justicia, en tanto está obligado a denunciar los hechos que revisten carácter de delito, sin perjuicio de que -a mi juicio- también es importante que Gendarmería, en tanto custodia de este sistema y de los recintos carcelarios, interponga las querellas criminales correspondientes".
Por lo pronto, la Contraloría General de la República dijo que su titular, Dorothy Pérez, se reunió con el ministro de Justicia, y que están tomando medidas en conjunto sobre el tema.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que daría preferencia a esta investigación por el riesgo penitenciario que significa.
