Por 63 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes el proyecto que aumentaba las sanciones penales ante la comisión de crímenes que atentan contra la vida de las personas.
Tras un extenso debate, que se desarrolló en tres sesiones, la iniciativa, originada en una moción, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en general. Con esto, pasó a archivo y no puede volver a ser tramitada una propuesta similar sino hasta en un año más.
En primer lugar, el proyecto establecía como una nueva pena de crimen el presidio perpetuo efectivo en la escala general establecida en el Código Penal. Junto a esto, agregaba al final del listado la inhabilitación para obtener o recibir bonos, beneficios o subsidios que otorgue el Estado. También respecto de los municipios, gobiernos regionales u otros servicios públicos, directa o indirectamente.
Por otro lado, agregaba un nuevo artículo en el apartado de la "Naturaleza y Efectos de Algunas Penas del Código". En el se establecía que el presidio perpetuo efectivo importaría idénticas consecuencias y se regiría por las mismas reglas del calificado. Pero, también presentaba la salvedad del plazo para acceder a la libertad condicional, que era de 50 años de privación de libertad efectiva.
En este apartado, en la comisión se había aprobado una indicación presentada por el diputado Johannes Kaiser (independiente, exPartido Republicano). La norma permitía conceder la libertad condicional a aquellas personas condenadas de 75 años o más y que padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante.
Adicionalmente, la norma aumentaba el límite máximo de las penas privativas de libertad que se impondrían a adolescentes. Aquí se establecía que, tratándose de delitos que tengan asignada la pena de presidio perpetuo efectivo, los límites aumentarían a 10 años, para menores de 16 y 15 años, a mayores de 16.
Aumento de penas
Por otro lado, el proyecto aumentaba las penas para el secuestro con homicidio. Partía de presidio perpetuo calificado a presidio perpetuo efectivo. Lo mismo en el caso de la sustracción de un menor de 18 años, donde, además, se cometa violación u otras lesiones graves.
La moción, paralelamente, permitía establecer como pena máxima el presidio perpetuo efectivo ante la tortura con homicidio, robo con homicidio o violación y sicariato. Lo mismo para el homicidio de un fiscal o defensor público en el ejercicio de su cargo, la violación con homicidio y el parricidio.
En cuanto al femicidio, establecía que se podría aplicar como pena máxima el presidio perpetuo efectivo cuando un hombre mate a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común. Junto a esto, el proyecto aumentaba la pena máxima a presidio perpetuo calificado para el hombre que mate a una mujer en razón de su género.
El proyecto también modificaba el Código de Justicia Militar, los decretos que dictan la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Esto, para establecer una nueva pena contra quienes maten a un miembro de estas instituciones en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, si lo hacían por recompensa, con el auxilio de personas armadas o a rostro cubierto.
Por otro lado, la iniciativa limitaba la posibilidad de penas sustitutivas para los delitos cuyas penas puedan llegar al presidio perpetuo efectivo.
Debate
El autor de la norma, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), criticó el "récord histórico en los homicidios" en los últimos años. De igual modo, refutó el aumento de la participación de menores de edad. Frente a esto, señaló que el Código Penal "queda desfasado" si no se adecuan las penas. Por esto, defendió la necesidad de establecer sanciones que sean acordes al daño producido.
Agregó que, si bien se dice que aumentar las penas no disuade la comisión de un delito, la norma sí lograba que las familias pudieran sentir que los delitos de los que fueron víctimas se están pagando con una pena que hace justicia.
Quienes respaldaron la iniciativa señalaron, además, que la norma debe ir acompañada de medidas que permitan aumentar la dotación de policías. En la misma línea, pidieron incrementar la capacidad de los centros penitenciarios.
Posiciones en contra
Por otro lado, quienes se manifestaron en contra de la norma argumentaron que no existe evidencia que el aumento de penas sea un elemento disuasivo. Además, criticaron que no se considerara la dimensión rehabilitadora y la problemática que se podría generar en la administración de los recintos penitenciarios.
Junto a lo anterior, se expresó que las medidas deben apuntar a mejorar la persecución criminal, que es donde se está al debe. Esto, por el desarrollo de nuevas organizaciones delictuales que presentan el crimen organizado y el narcotráfico.
Del mismo modo, se criticó la incorporación en el proyecto de la medida que permitía la libertad condicional de personas condenadas mayores de 75 años. Se estimó que sería un intento de "proporcionar impunidad a los criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco", tal como señaló la diputada Carmen Hertz (Partido Comunista).
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó algunos de los alcances de la norma. Por ejemplo, que por técnica legislativa, la conspiración para cometer delitos en contra de jueces, fiscales, policías y otras autoridades quedarían impunes de aprobarse el proyecto.
Adicionalmente, criticó que se legisle el aumento de penas por casos particulares, con los cuales se generan desproporciones entre los delitos. También recordó que las materias abordadas en este proyecto ya se han tratado en leyes anteriores, donde, incluso, se aumentaron las penas.
Por otra parte, alertó cómo el desarrollo de la política criminal de las últimas décadas ha llevado a un aumento de las personas reclusas. Frente a esto, informó que, actualmente, existen 57.000 personas privadas de libertad, para 42.000 plazas existentes.
Asimismo, lamentó que en los últimos 15 años no se hayan tomado medidas para generar nuevas plazas. "El sistema institucional chileno está al borde de una crisis penitenciaria", concluyó.
