La solicitud para extraditar a tres coroneles uruguayos presuntamente involucrados en la muerte del químico Eugenio Berríos no cumplía con las formalidades jurídicas exigidas para ese tipo de peticiones.
El Gobierno de Uruguay devolvió a Chile un pedido de extradición de tres militares retirados que habrían participado en el asesinato del químico Eugenio Berríos, represor durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La solicitud para extraditar a los coroneles uruguayos Tomas Casella, Washington Sanabria y Ramón Rivas fue devuelta al Gobierno de Chile porque no cumplía con las formalidades jurídicas exigidas para ese tipo de peticiones, según las fuentes.
Los tres militares retirados fueron acusados por el juez chileno Alejandro Madrid de haber colaborado con el secuestro y posterior asesinato en Uruguay de Berríos, a quien se le atribuye la creación del gas letal sarín, usado por los servicios secretos de Pinochet para eliminar opositores políticos.
Según las investigaciones judiciales, ese gas permite asesinar a una persona sin dejar rastros, ya que simula un ataque cardíaco.
Berríos fue sacado clandestinamente en 1991 de Chile, donde ya se había restablecido la democracia, y trasladado a Argentina, para un año después ingresar de forma ilegal a Uruguay, en una operación conjunta de militares que sirvieron a las dictaduras que imperaron en esos tres países en la década de 1970 y parte de la de 1980.
El químico chileno permaneció en Uruguay, también ya bajo el imperio de la democracia, custodiado por ex oficiales del régimen militar en una casa de un balneario Parque del Plata, 40 kilómetros al este de Montevideo.
El 15 de diciembre de 1992 se presentó en la comisaría de ese balneario para denunciar que había logrado escapar del lugar donde lo tenían secuestrado militares chilenos y de Uruguay.
El coronel Tomás Casella se presentó en esa unidad policial para refutar la versión del científico y alegó que, en realidad, se trataba de una persona a la que le había dado protección.
Sin informar a la Justicia o al Gobierno, el coronel Ramón Rivas, por ese entonces jefe de Policía de Canelones, municipio al que pertenece el balneario Parque del Plata, ordenó entregar a Berríos a sus supuestos custodios.
Tres años después, en abril de 1995, se hallaron en la playa uruguaya de El Pinar restos óseos y un cráneo con dos balazos, que fueron identificados como los del científico chileno, quien habría sido ejecutado entre enero y abril de 1993. (EFE)
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