El magistrado ahora deberá dictar la acusación contra los inculpados entre los que están varios ex miembros de la DINA así como tres militares uruguayos, dos de los cuales están en servicio activo.
El juez chileno Alejandro Madrid cerró, después de casi cinco años, la etapa de investigación en el juicio por el asesinato en Uruguay, el químico Eugenio Berríos, agente de la policía secreta de Augusto Pinochet, confirmaron este sábado fuentes judiciales.
Según las normas procesales, las partes del caso tienen un plazo de 15 días para estudiar el expediente y evaluar si piden la reapertura de la investigación para solicitar nuevas diligencias, precisaron las fuentes.
El juez Madrid resolvió el cierre del sumario tras una ronda de interrogatorios a los procesados en el caso, todos ellos miembros retirados del Ejército chileno, además de tres militares uruguayos.
Una vez cumplida la investigación de la causa, el juez debe dictar la acusación contra los inculpados, antes de que el juicio entre en la etapa plenaria y se dicte la sentencia de primera instancia.
Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín que la dictadura de Augusto Pinochet utilizó para eliminar opositores, fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara en el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 fue encontrado su cadáver en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.
Como presuntos autores del homicidio están procesados, desde diciembre de 1993, año en que asumió la investigación el juez Madrid, los ex mayores del Ejército chileno Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
El juez determinó una asociación ilícita, integrada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), para ejecutar el secuestro y homicidio del químico y procesó por ese delito a los ex jefes del organismo, generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias.
Además, enjuició, también por asociación ilícita a Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército; el ex coronel Enrique Ibarra, el ex brigadier Manuel Provis y a los suboficiales Marcelo Sandoval y Nelson Román, los tres últimos además por el secuestro.
Asimismo, fueron procesados el ex empleado civil del Ejército Raúl Lillo y el teniente coronel Pablo Rodríguez, y los militares uruguayos Tomás Casella, coronel retirado Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, estos últimos coroneles en servicio activo.
Los tres uruguayos fueron extraditados a Chile en abril de 2006 y encausados por el secuestro de Berríos y por asociación ilícita, y aunque obtuvieron su libertad provisional a finales de ese año, una orden de arraigo les impide abandonar el territorio chileno.
El pasado 22 de abril, durante una visita a Santiago, el jefe del Ejército uruguayo, general Jorge Rosales, abogó en declaraciones a los periodistas por que la Justicia chilena permita el retorno a Uruguay de los tres.
"Espero que la Justicia se pronuncie cuanto antes posible para que estos oficiales puedan retornar a la vida activa si es que eso es posible", dijo Rosales, que se entrevistó con los tres oficiales durante su viaje a Chile. (EFE)
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