El grupo familiar del ex mandatario está preocupado por las declaraciones del jefe del Ejército de Uruguay, que aseguró que no entregará a Chile sus subalternos.
La senadora Carmen Frei, en representación de su familia, le solicitó al canciller Ignacio Walker que el Gobierno le haga presente a Uruguay su preocupación por las trabas que amenazan la extradición de militares de ese país vinculados a la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
El crimen de Berríos, que apareció muerto en 1995 en una playa uruguaya, estaría vinculado a la muerte de Eduardo Frei Montalva en 1982. La familia del ex Mandatario sospecha que se utilizó un producto elaborado por el científico para asesinar al, entonces, líder de la oposición a la dictadura.
En esta causa, la justicia chilena tiene solicitada la extradición de los coroneles Eduardo Radaelli y Wellington Sarli y el retirado coronel Tomas Casella, para ser juzgados por los delitos de asociación ilícita y secuestro, causa que es revisada por los tribunales locales.
Al respecto, en julio pasado el comandante en jefe del Ejército uruguayo, Angel Bertolotti, anunció la creación de una oficina especial para defender jurídicamente a militares retirados y aseguró: "No necesitamos que nos vengan a enseñar cuáles son las líneas de conducta; no aceptamos ningún tipo de imposición extranjera".
Esto causó alarma en la familia Frei, que acudió al ministro Walker para pedir un pronunciamiento oficial ante el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Además, le solicitó a Walker que ordene al abogado uruguayo que representa al Estado chileno en Uruguay que se entreviste con los cinco ministros de la Corte Suprema que resolverán las extradiciones.
"Esta última gestión que hemos venido a pedirle a la Cancillería vamos a poder tener resultados", indicó Carmen Frei, quien añadió que Vázquez le aseguró, antes de ser elegido, que "si las resoluciones de la Suprema o de los tribunales uruguayos concedían la extradición, él iba a proceder".
En tanto, Alvaro Varela abogado de la familia, manifestó su preocupación por la demora en la entrega de los exámenes de ADN al cadáver enterrado como perteneciente a Eduardo Frei, ante las dudas en su identificación, pedidos comienzos de 2005.
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