Jefe de la cartera de Defensa de Uruguay rechazó que las FF.AA. hayan comunicado que no aceptarán la extradición a Chile de los militares involucrados en la muerte del creador del gas sarín.
El ministro uruguayo de Defensa Nacional, Yamandú Fau, negó que la cúpula de las Fuerzas Armadas esté presionando para evitar la extradición a Chile de militares uruguayos por su presunta participación en el secuestro y asesinato, en 1992, del químico y agente secreto chileno Eugenio Berríos.
Fau respondió así a la información de un matutino local según la cual los jefes militares comunicaron al presidente uruguayo, Jorge Batlle, que no aceptarán que efectivos del Ejército sean extraditados a Chile, de acuerdo con fuentes militares y políticas.
"Esa información es absolutamente inexacta y no se compadece en nada con la realidad", afirmó Fau en declaraciones a Radio Carve.
"El planteamiento no existió y, además, los mandos militares no están autorizados a hacer ese supuesto tipo de planteamiento", agregó el ministro.
El Gobierno uruguayo devolvió la pasada semana, por problemas formales, una petición de extradición de cuatro militares retirados uruguayos por el caso Berríos, hecha desde Chile.
Se trata el coronel Tomás Casella, el teniente coronel Eduardo Radaelli, el coronel Wellington Sarli y el coronel Ramón Rivas.
La petición fue cursada por el juez Alejandro Madrid, que investiga en Chile la muerte de Berríos, a quien se le atribuye la creación del gas letal sarín, usado por los servicios secretos de Pinochet para eliminar opositores políticos.
"El tema de la posible extradición compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y, si corresponde, de la Justicia uruguaya, por lo tanto el Ministerio de Defensa Nacional no tiene participación", agregó Fau.
El ministro señaló que el caso Berríos no está comprendido en los alcances de la denominada ley de caducidad o "punto final", aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios de militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que gobernó Uruguay entre 1974 y 1985.
Berríos fue sacado clandestinamente en 1991 de Chile, donde ya se había restablecido la democracia, y fue trasladado a Argentina, para un año después ingresar de forma ilegal a Uruguay, en un operativo conjunto de militares de ambos países.
El químico, ex agente del servicio secreto chileno (DINA), denunció en diciembre de 1992 en una comisaría del balneario uruguayo de Parque del Plata, que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos.
Posteriormente, Casella y Radaelli se presentaron en la comisaría y convencieron al jefe de Policía de Canelones, el coronel retirado Ramón Rivas, para que entregara a Berríos.
El caso no fue comunicado al Gobierno uruguayo de la época, que encabezaba el presidente Luis Alberto Lacalle, y se conoció meses después.
En abril de 1995 en una playa distante 25 kilómetros de Parque del Plata se encontraron los restos de Berríos, con dos disparos en el cráneo. Según expertos forenses, la muerte ocurrió entre enero y abril de 1993.
La justicia chilena procesó a seis militares, entre ellos dos generales retirados, como responsables de la muerte del ex agente secreto. (EFE)
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