Tal como había sido anticipado, el Gobierno uruguayo afirmó que el envío a Chile de los uniformados encausados por el caso Berríos se apuró ante el presunto baleo contra un magistrado.
El Gobierno uruguayo confirmó este jueves que el presunto atentado fallido contra el juez que extraditó a tres militares a Chile por su presunta participación en el asesinato del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos motivó que se adelantará la entrega de los uniformados.
El ministro del Interior, José Díaz, dijo que el incidente "tuvo que ver, naturalmente" con el adelanto de las extradiciones, programadas inicialmente para el viernes 21 de abril, pero concretadas el martes 18.
"Nosotros, frente a una situación de este tipo, siempre hemos tratado de actuar con la mayor celeridad", subrayó sobre el evento que se conoció el miércoles 19 por una información de Canal 10 de TV.
Mirabal estaba el domingo 16 con un familiar sentado en un banco de un paseo de Montevideo cuando percibió que un proyectil le pasó cerca de la cabeza antes de caer en el río de la Plata.
Expertos en balística dijeron que la bala debió pasar a 50 centímetros de la cabeza del magistrado.
El juez Mirabal aprobó la extradición a Chile de los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, para que respondan por su presunta participación en el asesinato del agente secreto de la dictadura de Augusto Pinochet Eugenio Berríos, que apareció muerto en Uruguay en 1995.
Su decisión, que causó malestar en medios castrenses, fue ratificada por un Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.
El ministro Díaz dijo que existe preocupación por el hecho, quien utiliza chaleco a prueba de balas y está bajo protección policial en todo momento, al igual que su familia.
"La sensación es de preocupación, pero al mismo tiempo de confianza de que, en el ejercicio de las normas legales y de las instituciones democráticas, vamos a encontrar entre los uruguayos, el camino de una mejor convivencia, una mayor tolerancia ciudadana, y un respeto a las decisiones del Poder Judicial", señaló Díaz.
La Suprema Corte de Uruguay afirmó este jueves que el Poder Judicial "no se dejará amedrentar por actos intimidatorios".
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la policía uruguaya inició una investigación para tratar de dar con el autor del disparo, paralelamente a la que realiza la Justicia.
Los tres militares uruguayos fueron enjuiciados en ausencia por el juez chileno Alejandro Madrid por los delitos de "asociación ilícita y secuestro".
A Casella, Sarli y Radealli se les vincula con el secuestro y asesinato del químico Berríos, cuyo cadáver maniatado y con un disparo en el cráneo fue hallado en 1995 en una playa cerca de Montevideo.
Berríos fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara ante la Justicia, que investigaba asesinatos durante la dictadura, y permaneció oculto en Uruguay, protegido clandestinamente por militares de ambos países. (EFE)
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