El máximo tribunal aceptó las solicitudes que pesan sobre Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellinton Sarli, pero rechazó la del policía en retiro Ramón Rivas.
La segunda sala de la Corte Suprema de Chile aprobó solicitar a Uruguay la extradición de tres militares uruguayos procesados por la muerte del químico y ex agente represor chileno Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en una playa de ese país en 1995.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces del máximo tribunal chileno, tras escuchar los alegatos de cuatro abogados querellantes en el caso.
Tras este fallo, Chile solicitará que sean traídos al país los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellinton Sarli, todos ellos procesados por el juez Alejandro Madrid por los delitos de asociación ilícita y secuestro de Berríos.
El tribunal, no obstante, rechazó la solicitud respecto al coronel de policía (r) Ramón Rivas, encausado como encubridor del secuestro del químico, porque su procesamiento no está incluido en el tratado que permite las extradiciones entre Chile y Uruguay.
En diciembre pasado, Madrid sometió a proceso a Casella Radaelli y Sarli, sindicados como autores del secuestro de Berríos, cuyo cadáver apareció en 1995 -en un avanzado estado de descomposición- en la playa El Pinar.
Además, encausó por encubrimiento a Rivas Vila, un oficial de la policía que entregó a Berríos a los militares, haciendo oídos sordos a la denuncia del chileno, quien afirmó que estaba secuestrado por los uniformados.
Según se ha logrado establecer en el proceso, Eugenio Berríos fue sacado de Chile por orden del general Hernán Ramírez Rurange en 1992.
En Montevideo, Uruguay, fue recibido por Arturo Silva Valdés, quien lo mantuvo retenido por poco menos de un año.
La víctima logró fugarse, pero con ayuda de sectores de la policía uruguaya y de los servicios de inteligencia militar de ese país el químico fue ubicado y se le dio muerte en el verano de 1993.
La extradición de los uniformados fue solicitada en abril pasado por el juez Alejandro Madrid, que investiga el secuestro y homicidio del químico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Los querellantes invocaron el tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países, suscrito el 10 de mayo de 1897, subrayando que la petición de extradición cumple todos los requisitos que establece dicho acuerdo.
Tras la decisión del máximo tribunal, Varela destacó que ésta "ayuda mucho, porque nosotros no hemos involucrado en este proceso porque andamos detrás de las motivaciones que originaron esta operación con Berríos (...) entre esas motivaciones nosotros creemos que está el vínculo que se establece entre Berríos y la muerte del presidente (Eduardo) Frei Montalva".
Eugenio Berríos trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, utilizado para asesinar a disidentes en la década de 1970 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Según sospechas de la familia del ex presidente Frei Montalva, Berríos también pudo estar detrás del posible envenenamiento del ex gobernante, que falleció en 1982 a causa de una infección tras ser operado en una clínica de Santiago.
Berríos también ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.
En el juicio en Chile están procesados como autores de secuestro y homicidio los ex mayores de Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa y, por obstrucción de la justicia y asociación ilícita, los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército.
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