El persecutor es investigado por enviar un mensaje al cuestionado abogado, en que la pareja de la magistrada Ángela Vivanco le ofrecía un cargo y un doctorado.
El fiscal nacional Ángel Valencia recordó que "vamos a velar por la aplicación de la ley, pase lo que pase, pese a quien pese y caiga quien caiga".
Carabineros requisó este miércoles el celular del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco de una investigación por el posible delito de tráfico de influencias.
La investigación se originó tras una querella del abogado Fernando Leal, surgida tras una serie de artículos de Ciper, en que se precisaba que "el fiscal Carlos Palma envió un pantallazo al celular del abogado Luis Hermosilla con el diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco, mensajes que dan cuenta que Migueles le ofrece a Palma un doctorado y reemplazar en la Fiscalía Centro Norte a Xavier Armendáriz, oferta que se produjo en el contexto de que Palma postuló al cargo de fiscal nacional".
Los funcionarios policiales también requisaron -durante esta misma jornada- el celular de Migueles desde la vivienda que comparte con la ministra Vivanco.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que "en Chile no hay nadie sobre la ley, la investigación que lleva la fiscal (Carmen Gloria) Wittwer es para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si se cometieron delitos o no se han cometido delitos, y si se cometieron delitos, quién los puede haber cometido".
"Eso todavía es un asunto que tiene que establecerse con la investigación, pero vamos a insistir en esto hasta el límite de la majadería, vamos a velar por la aplicación de la ley, pase lo que pase, pese a quien pese y caiga quien caiga", añadió.
Palma es uno de los cinco abogados investigados en la Comisión de Ética de la Corte Suprema, aunque existen cuestionamientos sobre el funcionamiento de esta instancia.
El abogado y académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que "esta comisión proviene de una regulación que hizo la propia Corte, que estableció este mecanismo para poder hacer indagaciones sobre problemas éticos, pero ha sido cuestionado eso porque no es un órgano que esté en la ley, entonces si en realidad hay una investigación que pueda llevar a sanciones tendría que hacerse un sumario y eso sea resuelto por el Pleno".
"Es muy poco común (que existan sanciones), de hecho yo creo que uno los podría contar los pocos casos en que se ha producido ese efecto. Normalmente las sanciones que se plantean son sanciones mucho más de baja intensidad, y siempre se ha hablado que hay como una cierta protección, que los ministros son reacios a tomar medidas muy drásticas", lamentó.
