Carabineros requisó este miércoles el celular del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco de una investigación por el posible delito de tráfico de influencias.
La investigación se originó tras una querella del abogado Fernando Leal, surgida tras una serie de artículos de Ciper, en que se precisaba que "el fiscal Carlos Palma envió un pantallazo al celular del abogado Luis Hermosilla con el diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco, mensajes que dan cuenta que Migueles le ofrece a Palma un doctorado y reemplazar en la Fiscalía Centro Norte a Xavier Armendáriz, oferta que se produjo en el contexto de que Palma postuló al cargo de fiscal nacional".
Los funcionarios policiales también requisaron -durante esta misma jornada- el celular de Migueles desde la vivienda que comparte con la ministra Vivanco.
"Se realizó la incautación de algunos medios electrónicos, diligencia realizada por el OS7 de Carabineros, y forma parte de algunas de las diligencias que estamos realizando y realizaremos próximamente", confirmó la fiscal Carmen Gloria Wittwer.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que "en Chile no hay nadie sobre la ley, la investigación que lleva la fiscal Wittwer es para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si se cometieron delitos o no se han cometido delitos, y si se cometieron delitos, quién los puede haber cometido".
"Eso todavía es un asunto que tiene que establecerse con la investigación, pero vamos a insistir en esto hasta el límite de la majadería, vamos a velar por la aplicación de la ley, pase lo que pase, pese a quien pese y caiga quien caiga", añadió.
Desde el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS), expresidente de la comisión investigadora del caso audios, consideró que "se está haciendo lo correcto en investigar a fondo", puesto que "en Chile el ofrecimiento a un funcionario público por una actuación se llama cohecho, y es un delito grave que debe ser investigado".
INDAGATORIAS EN COMISIÓN DE ÉTICA
En paralelo, la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya investiga a cinco de sus integrantes. El último caso es por el ministro Sergio Muñoz, denunciado por supuestamente filtrar a su hija, la también jueza Graciel Muñoz, un fallo que incidía en la compra de departamentos; se trata de la única indagatoria que no está vinculada a los presuntos tráficos de influencias en las nominaciones del máximo tribunal.
Muñoz se tuvo que inhabilitar del mencionado fallo, que involucraba a la Inmobiliaria Fundamenta, puesto que gracias a la información que entregó a Graciel Muñoz respecto a que el proyecto se iba a atrasar, ésta última decidió retrotraer la inversión de los dos departamentos.
En este marco, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reflexionó que "estamos frente a una situación compleja, en que la misma Corte ha tomado la decisión de avanzar; ordenar la apertura de la Comisión de Ética es una decisión del pleno de la Corte Suprema (...) e indagar todo lo que sea posible".
"Por cierto, en una institución colegiada como la Corte, que representa a un poder del Estado es una situación compleja, difícil, pero como he destacado antes y lo hago ahora, es la propia Corte la que se está haciendo cargo de estas investigaciones", recalcó Cordero.
Sin embargo, existen cuestionamientos sobre el funcionamiento de esta instancia: el abogado Cristián Riego, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, explicó que "esta comisión proviene de una regulación que hizo la propia Corte, que estableció este mecanismo para poder hacer indagaciones sobre problemas éticos, pero ha sido cuestionado eso porque no es un órgano que esté en la ley, entonces si en realidad hay una investigación que pueda llevar a sanciones tendría que hacerse un sumario y eso sea resuelto por el Pleno".
"Es muy poco común (que existan sanciones), de hecho yo creo que uno los podría contar los pocos casos en que se ha producido ese efecto. Normalmente las sanciones que se plantean son sanciones mucho más de baja intensidad, y siempre se ha hablado que hay como una cierta protección, que los ministros son reacios a tomar medidas muy drásticas", lamentó.