El gremialismo se hará parte en la indagación de la jueza Chevesich luego que los diputados de la Concertación se negaran a pesquisar "probablemente aconsejados por el propio ministro del Interior".
Marcelo Forni, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), consideró que la negativa de la Concertación a crear una comisión investigadora en la Cámara Baja por las irregularidades descubiertas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está marcada por la injerencia del titular del Interior, José Miguel Insulza.
"Lamentablemente, los propios diputados de la Concertación, probablemente aconsejados por el propio ministro del Interior, rechazaron una y otra vez, durante cuatro veces, la formación de una comisión investigadora", afirmó Forni.
El legislador subrayó que por esto, "hemos tenido que recurrir a los Tribunales de Justicia, donde se debe establecer, en definitiva, la verdad de lo ocurrido".
El representante de las comunas de Los Andes y San Felipe enfatizó que la UDI prefería que "hubiera sido la Cámara de Diputados, a través de una comisión investigadora, la que hubiera analizado los alcances acerca de la responsabilidades políticas de los responsables de estos extravíos de dinero en el Ministerio de Obras Públicas".
Forni acompañó este martes al abogado Cristian Letelier, quien concurrió a dependencias judiciales para cancelar los dos millones de pesos que la jueza Gloria Ana Chevesich fijo como fianza de calumnias para que la UDI se haga parte de la causa.
El gremialismo espera alegar contra las solicitudes de libertad provisional de los encausados, así como a sus apelaciones a los autos de procesamiento, todo lo que –según Forni– busca "colaborar con la función de los tribunales".
En tanto, en una de las aristas de la investigación de Chevesich sobre el MOP, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el auto de procesamiento dictado por la jueza en contra del Enrique Ponce de León, ex jefe de operaciones del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) de la Universidad de Chile.
Ponce de León fue acusado por el delito de estafa, por un monto de 270 millones, a raíz de supuestas triangulaciones hechas por el Ciade para cancelar sobresueldos a los secretarios regionales ministeriales (seremi) del MOP.
