Nassir Sapag dijo a El Diario de Cooperativa que no hay contratos ficticios entre el Ejecutivo y el Ciade, cuyo trabajo permitió un ahorro fiscal de casi 27 mil millones de pesos.
A pesar de que Nassir Sapag, ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) de la Universidad de Chile, enfrenta tres encausamientos por estafa y dos por fraude al Fisco, destacó que el organismo "no actuó como caja pagadora" para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pues cada trabajo proyectado efectivamente se realizó.
"La diferencia entre el caso GATE y otros que está investigando la ministra (en visita, Gloria Ana Chevesich), incluso con la propia Universidad de Chile, y los contratos con el Ciade, es que este último, en todos los procesamientos hay un proyecto real realizado detrás", sentenció.
Sapag detalló que cuando dirigía el Ciade tenía a su cargo más de 50 proyectos anuales, de los cuales sólo cuatro o cinco estaban relacionados con el MOP, y que contaban con un jefe técnico, contratado por la Universidad de Chile, que trabajaba en el ministerio, coordinando las plantas que componían el staff de cada proyecto.
Respecto de la contratación de secretarios regionales ministeriales (seremi) para la concreción de los proyectos de mejoramiento de gestión, el académico dijo que siempre la consideró "absolutamente válida", pues siempre será mejor contar con los servicios de quienes viven los problemas de desarrollo de obras y tienen los conocimientos técnicos adecuados, por lo que en cada oportunidad se eligió a las persona "más calificada".
Sin embargo, asumió que uno o dos seremi contrataron a terceras personas para realizar algunos trabajos, lo que –recalcó– estaba fuera de su control.
Nassir Sapag concluyó que la gran diferencia entre el caso que involucra al Ciade y los otros que investiga la jueza Chevesich es que "todos los proyectos están realizados", y "es clarísima la calidad de la información, el uso que le está dando el ministerio y los ahorros de costo", pues en un principio el centro de investigación detectó que se gastaban 30 mil millones de pesos anuales en procesos cuyo costo hoy en día "habría bajado a alrededor de 3.000 millones de pesos".
