Fuentes judiciales anticiparon que la jueza Chevesich dictará nuevos encausamientos en los próximos 15 días, a raíz de nuevos contratos irregulares suscritos por Obras Públicas.
Tras conocerse que la ministra en visita Gloria Ana Chevesich efectivamente está indagando los contratos firmados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con consultoras externas entre 1997 y 1998, La Moneda comentó la posibilidad de que el propio Presidente Ricardo Lagos debe declarar en algún momento del proceso, en su calidad de ex titular de la secretaría de Estado.
"No he sabido nada", contestó el jefe del Gabinete, José Miguel Insulza, consultado respecto a la posibilidad de que el Primer Mandatario debe declarar en el proceso.
El titular del Interior agregó que "por cierto sabemos que tenemos dos cadenas de prensa que son fundamentalmente opositoras, entonces naturalmente a medida que se acerca la campaña presidencial, siempre es posible que alguien decida agitar las aguas de nuevo, pero creo que las respuestas están bastante claras".
Ricardo Lagos dirigió el MOP entre 1994 y 1998, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por lo que los nuevos contratos que están bajo la lupa de la jueza son, de acuerdo a la legislación chilena, responsabilidad del actual Primer Mandatario.
El ministro de una cartera es el responsable político de las acciones que lleve a cabo la secretaría de Estado, mientras que el subsecretario actúa como máxima instancia administrativa del mismo.
El lunes 9 de enero la jueza Chevesich afirmó que estaba "cumpliendo una orden del tribunal, investigar todos los contratos", sin importar la fecha de los mismos, por lo que era "obvio" que en su pesquisas apareciera mencionado el Instituto de Economía (Idecon) de la Universidad de Chile.
Según cercanos al proceso, el Idecon habría operado de manera similar a la consultora Gestión Territorial y Ambiental (GATE) y al Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), recibiendo dineros de empresas contratistas del MOP por estudios innecesarios, que finalmente financiaban los sobresueldos de funcionarios del ministerio.
