Las dos personas directamente vinculadas a los incidentes recibieron 541 días de pena remitida de cárcel, además de tener que pagar las costas y quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Luego de nueve meses de investigación, el juez Alejandro Solís dictó condenas por las agresiones que sufrió la jueza Gloria Ana Chevesich cuando en octubre de 2004 encabezó diligencias en la Dirección de Concesiones de Obras Públicas.
Las penas de Solís contra la relacionadora pública Gina Figueroa y el periodista Marcelo Fuentelzar consisten en 541 días de reclusión menor en su grado medio, pena que quedó remitida.
Además, ambos quedaron suspendidos de poder ejercer un cargo u oficio público durante el periodo de la condena, además de asumir la costa del juicio.
Los accidentes ocurrieron el 20 de octubre, cuando la magistrada concurrió hasta las dependencias de la Dirección de Concesiones del MOP, con el objetivo de requisar cientos emails para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por esa dependencia.
Esto fue calificado por los propios funcionarios como una intromisión en sus vidas privadas, ya que la diligencia no distinguía entre correos electrónicos con motivos laborales y los privados. Luego que Chevesich terminó de requisar los correos electrónicos, varios trabajadores la esperaron en el hall central del edificio, donde le lanzaron encima un enorme paño negro y le gritaron improperios.
Según el fallo de Solís, ambos condenados empujaron, cubrieron el rostro de la jueza en cinco ocasiones durante su camino por la vía pública con un lienzo de genero de 10 metros de largo y la hicieron trastabillar.
Figueroa y Fuentelzar, que según su defensa recurrirán ante la Corte de Apelaciones, fueron cesados de sus funciones en el MOP en enero pasado y desde diciembre se encontraban sometidos a proceso.
Al ser consultado sobre la decisión de su soubordinado, el presidente del tribunal del alzada capitalino, Juan Escobar, destacó que es "una señal en el sentido de que la ciudadanía debe respetar a los jueces de la República".
Añadió que la ciudadanía debe estar segura de que el debido proceso está operando, a pesar de que el mismo tribunal al que pertenece Chevesich sea el que revise las apelaciones del caso.
