El acoso sufrido por la jueza Gloria Ana Chevesich y la "sistemática" negativa de la Concertación a indagar el caso en la Cámara Baja son las razones esgrimidas por la oposición para explicar su probable acción judicial.
La diputada Lily Pérez (RN) afirmó que es "muy probable" que el bloque opositor se haga parte en las investigaciones por las presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas, frente al reciente hostigamiento sufrido por la jueza Gloria Ana Chevesich por parte de trabajadores de esa repartición pública y ante los obstáculos que, denunció, pone la Concertación a la indagación del caso en la Cámara Baja.
"Es muy probable qu los vamos a hacer como Alianza. Ahí vamos a ver los pasos a seguir. La verdad es que tenemos conversaciones muy preliminares respecto del tema", dijo la legisladora, quien agregó que "durante esta semana vamos a tener más noticias".
Pérez agregó que el hostigamiento a Chevesich, registrado el miércoles 20 de octubre durante una diligencia judicial realizada dependencias del MOP, fue visto en la Alianza "como algo muy atentatorio contra la dignidad de una jueza".
Pero afirmó que, más allá de la situación particular de la magistrada, lo que se pretende es tratar "de empujar que en nuestro país ni grupos, ni instituciones, ni ministerios, ni personas intocables que no puedan ser investigadas cuando correspondan".
La diputada, además, acusó a los legisladores del bloque de Gobierno de evitar "sistemáticamente" la indagación del caso en la Cámara Baja.
"Desgraciadamente, los diputados de la Concertación sin ninguna excepción, han tratado sistemáticamente y conscientemente en estas cuatro oportunidades en contra de formar y constituir esta comisión investigadora".
La parlamentaria afirmó que sus sospechas sobre las irregularidades en la secretaría de Estado están acreditadas por oficios enviados a la Cámara por el Ejecutivo "que avalan todo lo que nosotros hemos venido diciendo hace dos años en torno al caso" pero que no se pueden hacerse públicos porque son "reservados".
Las presuntas irregularidades que investiga la jueza Chevesich están relacionadas con contratos que el Ministerio de Obras Públicas suscribió con las empresas GATE e Idecon, y con el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) de la Universidad de Chile.
