Tras los alegatos de los abogados de la causa, el pleno de la Corte de Apelaciones dejó pendiente el fallo que podría permitir el procesamiento del ex gobernante.
Para el jueves 25 de noviembre quedaron citados los 23 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que participaron en el pleno de este miércoles y que escucharon los alegatos de las partes sobre la solicitud de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, por el crimen del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina.
Los magistrados escucharon a los juristas Hernán Quezada y Pamela Pereira, que representan a la familia del matrimonio; Irma Soto, del Consejo de Defensa del Estado (CDE); y Ambrosio Rodríguez, que defiende a Pinochet.
"Existen antecedentes suficientes que demuestran la participación de Augusto Pinochet, y en virtud de esos antecedentes y entendiendo que no hay elementos que indiquen que lo afecte ninguna incapacidad desde el punto de vista de su estado de salud mental", comentó Pereira.
En tanto, el abogado del ex gobernante de facto enfatizó en su exposición que el propio perito médico que nombró el juez Juan Guzmán en el caso "Operación Cóndor", Jorge Tapia Illanes, examinó al ex dictador y coincidió con la postura de la defensa, en orden a que Pinochet no está en condiciones de salud para enfrentar un proceso.
"Repudiamos absolutamente el crimen del general (Carlos) Prats, afirmamos la inocencia del general (Augusto) Pinochet, porque los antecedentes señalados en la solicitud de desafuero, en nuestra opinión ya fueron desestimados por esta corte, y además las sospechas que ahí se indican no constituyen, en nuestra opinión, pruebas legalmente admisibles en este país", agregó el ex Procurador General de la República durante el régimen de su defendido.
Además, recalcó que todos los testimonios presentados contra Pinochet son de personas que citan a terceros y no presenciales.
El pasado 8 de octubre, el juez Alejandro Solís acogió la solicitud de desafuero que presentaron los querellantes en contra de Pinochet, y la traspasó a la Corte de Apelaciones, que actúa como tribunal de primera instancia en este tipo de casos.
En su dictamen, Madrid especificó que hay antecedentes suficientes para investigar la participación Pinochet Ugarte en la asociación ilícita que terminó con la vida de su antecesor en la jefatura del Ejército.
El general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, en una operación que diseñó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que dependía –según relató su ex director Manuel Contreras– directamente de Augusto Pinochet Ugarte.
