El beneficiado, Manuel Contreras Donaire, cumplía en Punta Peuco una pena de ocho años de cárcel, en calidad de autor material del homicidio del ex presidente de la ANEF.
El suboficial en retiro y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) Manuel Contreras Donaire fue indultado por orden del Presidente de la República, Ricardo Lagos, según consta en un decreto del Ministerio de Justicia.
Contreras Donaire estaba recluido, desde abril de 2004, en la cárcel de Punta Peuco por su participación, como autor material, en el asesinato del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, registrado el 25 de febrero de 1981.
El documento, que permite a Contreras Donaire dejar el recinto carcelario, lleva la firma del titular de Justicia, Luis Bates, como ocurre en todos los casos de indultos presidenciales.
Por el caso Tucapel, el juez Sergio Muñoz también condenó al mayor en retiro del Ejército Carlos Herrera Jiménez, quien además cumple una pena por el crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca, el que fue ultimado en febrero de 1982 en Valparaíso, con la intención de encubrir el homicidio del sindicalista.
Asimismo, cumplen penas aflictivas el general (r) Ramsés Alvarez Scoglia, quien era jefe del DINE en la época del crimen; los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima y el suboficial retirado Miguel Letelier Verdugo.
Letelier Verdugo, Contreras Donaire y el mayor (r) Herrera fueron imputados como autores materiales del delito, mientras que el resto de los involucrados recibió penas en calidad de cómplices y encubridores.
Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982, cuando ocupaba la presidencia de la ANEF. El crimen fue investigado durante 17 años por Sergio Valenzuela Patiño, quien no llegó a ninguna conclusión, lo que cambió en 1999, cuando con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, la familia de Jiménez logró que el Poder Judicial lo reemplazara por el juez Muñoz.
El nuevo magistrado logró en pocos meses establecer la correlación de los hechos vinculados al crimen, algo que Valenzuela no logró en casi dos décadas de trabajo, y concluyó con la condena de los responsables.
Por el caso Tucapel aún existe una arista judicial, la que enfrenta al Estado con la familia del asesinado sindicalista, puesto que el 13° Juzgado Civil de Santiago determinó, en primera instancia, que el Fisco debe pagar una indemnización de 1.000 millones de pesos a los deudos.
La demanda civil se tramitó paralelamente al proceso criminal que sustanció el juez Muñoz, y ahora deberá ser definido por tribunales superiores, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló al fallo. (Cooperativa.cl)
